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Priorizan restitución para las familias desterradas por la masacre de Puerto Alvira

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El equipo Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta se reunió con 40 familias desplazadas de la inspección de Puerto Alvira, Mapiripán, y que actualmente viven en Villavicencio, para socializarles la Ley 1448 de 2011.

Durante la jornada, se dio a conocer la ruta de atención de la entidad y se revisó el avance de sus casos, brindando claridad y esperanza a quienes han sufrido por el conflicto.

A la fecha, la Unidad ha recibido 55 solicitudes de restitución provenientes de dicho territorio, la mayoría por cuenta de la masacre que ocurrió en Puerto Alvira. De estas, 21 están en la etapa de estudio formal. Asimismo, 11 demandas han sido llevadas ante los jueces de restitución, quienes ya han proferido dos sentencias a favor.

Es importante recordar que Puerto Alvira ha sido marcada por la tragedia. En 1998 ocurrió la masacre que dejó huellas imborrables en su historia. El 4 de mayo, unos 200 paramilitares llegaron a la vereda, también conocida como Caño Jabón, en vísperas de cumplirse un año de la primera masacre en Mapiripán. Sacaron de las casas a los habitantes del sector y luego, con lista en mano, asesinaron en el parque principal a más de 20 personas.

En declaraciones de Justicia y Paz, el cabecilla paramilitar y hoy gestor de paz Salvatore Mancuso, al momento de aceptar su responsabilidad penal por estos hechos, indicó que el objetivo era masacrar a la comunidad en Caño Jabón y no en el casco urbano de Mapiripán, para obtener control territorial.

La mayoría de la población se vio obligada a abandonar sus tierras y a desplazarse a otros sectores del departamento del Meta, con ayuda de la Cruz Roja Internacional. Hoy, con el apoyo del Gobierno del Cambio, las víctimas del desplazamiento, despojo y abandono forzado de tierras, buscan construir un futuro más esperanzador para sus familias.

Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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