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Tribunal ordenó restituir predio a pareja de abuelos desplazados por la violencia en el Meta
En la vereda El Brillante del municipio de Lejanías, en el Meta, la vida de una pareja de octogenarios piscicultores ha dado un giro hacia la esperanza. Tras sufrir la violencia y el abandono de su predio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la restitución de su predio, un lugar que simboliza no solo un hogar, sino el esfuerzo y trabajo de toda una vida.
La historia se remonta a 2001, cuando esta pareja de esposos adquirió una finca de dos hectáreas y 436 metros cuadrados. Con dedicación y amor por la tierra, transformaron el terreno en un paraíso productivo: plátano, maíz, cacao y frutales florecieron bajo sus manos laboriosas. Además construyeron su vivienda y desarrollaron un laboratorio y planta reproductora de alevinos, convirtiendo su sueño en un pilar económico familiar.
Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por la amenaza de los grupos al margen de la ley, pues una llamada fatídica cambió sus vidas para siempre. El jefe del hogar, un hombre de 80 años, recibió instrucciones de alias ‘Mauricio’, quien se identificó como jefe de finanzas de las Farc. La exigencia era clara: asistir a una reunión en La Julia, inspección de Uribe o enfrentar graves consecuencias. Al negarse a cumplir con la amenaza por su avanzada edad, le exigieron 20 millones de pesos y lo declararon objetivo militar.
El 20 de julio de 2015, con el corazón roto pero decididos a salvar sus vidas, abandonaron su hogar. Desplazados a Villavicencio, buscaron refugio y protección ante las autoridades y el Gaula. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para hacer valer sus derechos.
Siete meses después, con valentía renovada, regresaron a su finca para encontrarla enmalezada y con el proyecto productivo devastado. Sin embargo, no se rindieron; solicitaron ayuda al Estado para recuperar su hogar y negocio.
Hoy, tras años de lucha incesante y con el respaldo de la URT, entidad que llevó su caso ante la justicia, la pareja fue declarada víctima del abandono forzado. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio falló a su favor, y ordenó no solo la restitución del predio, sino también que el Estado garantice el mejoramiento de su vivienda y la implementación de un proyecto productivo para asegurar su sustento.
Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar su seguridad y otras entidades del Gobierno nacional brindarán su oferta institucional. Este fallo es más que una victoria legal; es un símbolo poderoso de resiliencia y esperanza para quienes que han vivido el desplazamiento por causa del conflicto armado.
La historia de estos adultos piscicultores recuerda que nunca es tarde para recuperar la tierra y seguir trabajando en el campo. Su lucha es un faro que ilumina el camino hacia la reparación integral y la dignidad de las victimas del abandono forzado y el despojo.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
