META
Tribunal ordenó restituir predio a pareja de abuelos desplazados por la violencia en el Meta
En la vereda El Brillante del municipio de Lejanías, en el Meta, la vida de una pareja de octogenarios piscicultores ha dado un giro hacia la esperanza. Tras sufrir la violencia y el abandono de su predio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la restitución de su predio, un lugar que simboliza no solo un hogar, sino el esfuerzo y trabajo de toda una vida.
La historia se remonta a 2001, cuando esta pareja de esposos adquirió una finca de dos hectáreas y 436 metros cuadrados. Con dedicación y amor por la tierra, transformaron el terreno en un paraíso productivo: plátano, maíz, cacao y frutales florecieron bajo sus manos laboriosas. Además construyeron su vivienda y desarrollaron un laboratorio y planta reproductora de alevinos, convirtiendo su sueño en un pilar económico familiar.
Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por la amenaza de los grupos al margen de la ley, pues una llamada fatídica cambió sus vidas para siempre. El jefe del hogar, un hombre de 80 años, recibió instrucciones de alias ‘Mauricio’, quien se identificó como jefe de finanzas de las Farc. La exigencia era clara: asistir a una reunión en La Julia, inspección de Uribe o enfrentar graves consecuencias. Al negarse a cumplir con la amenaza por su avanzada edad, le exigieron 20 millones de pesos y lo declararon objetivo militar.
El 20 de julio de 2015, con el corazón roto pero decididos a salvar sus vidas, abandonaron su hogar. Desplazados a Villavicencio, buscaron refugio y protección ante las autoridades y el Gaula. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para hacer valer sus derechos.
Siete meses después, con valentía renovada, regresaron a su finca para encontrarla enmalezada y con el proyecto productivo devastado. Sin embargo, no se rindieron; solicitaron ayuda al Estado para recuperar su hogar y negocio.
Hoy, tras años de lucha incesante y con el respaldo de la URT, entidad que llevó su caso ante la justicia, la pareja fue declarada víctima del abandono forzado. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio falló a su favor, y ordenó no solo la restitución del predio, sino también que el Estado garantice el mejoramiento de su vivienda y la implementación de un proyecto productivo para asegurar su sustento.
Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar su seguridad y otras entidades del Gobierno nacional brindarán su oferta institucional. Este fallo es más que una victoria legal; es un símbolo poderoso de resiliencia y esperanza para quienes que han vivido el desplazamiento por causa del conflicto armado.
La historia de estos adultos piscicultores recuerda que nunca es tarde para recuperar la tierra y seguir trabajando en el campo. Su lucha es un faro que ilumina el camino hacia la reparación integral y la dignidad de las victimas del abandono forzado y el despojo.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
