NACIONALES
Mujeres cabeza de familia condenadas a cárcel podrán realizar trabajo comunitario en libertad

El Gobierno Nacional cuenta con 2.479 cupos disponibles para que mujeres jefe de hogar, que cometieron un delito en contexto de marginalidad, puedan solicitar una pena sustitutiva, para que en lugar de ir a prisión cumplan con servicios comunitarios y puedan atender a sus hijos y a sus familias en libertad.
Así lo confirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, quien advirtió que las mujeres beneficiadas deben estar cumpliendo condenas que no superen los ocho años de cárcel, por estupefacientes o hurto, tal como lo establece la Ley 2292 de Utilidad Pública.
“Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida”, afirmó Umaña.
Manifestó que unas 4.500 mujeres, de las cerca de 17.000 privadas de la libertad en el país, podrán optar por esta medida alternativa.
La Ley de Utilidad Pública es la primera norma con enfoque de género que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de carácter restaurativo, se traduce en actividades de servicio comunitario con impacto social.
En la actualidad, 73 internas cuentan con decisiones favorables para cumplir la condena con servicio comunitario; ante los jueces de ejecución hay 2.000 solicitudes presentadas y, a la fecha, se han presentado cero casos de reincidencia, añadió el Viceministro.
“Hemos tenido un intercambio maravilloso con los jueces de ejecución de penas, que han abierto sus puertas para que, en el marco del respeto a la autonomía judicial, podamos pensar cómo implementar mejor esta medida”, enfatizó.
Además, indicó que gracias a un esfuerzo institucional liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho dos mujeres ya pagaron la totalidad de su pena con los servicios de utilidad pública: una en Armenia y otra en Barbosa (Antioquia).
Recalcó que en el país hay 16 entidades públicas sin ánimo de lucro y seis territoriales que ofrecen cupos para el servicio comunitario, por lo que agradeció el apoyo y colaboración de diversas fundaciones, entidades nacionales organismos multilaterales que se han sumado a la iniciativa.
Destacó a Medellín y Bucaramanga como las ciudades que más han acogido mujeres beneficiarias de esta ley, que las humaniza y dignifica en procura de una nueva oportunidad de vida.
El departamento de Antioquia, dijo, es el que más ha avanzado con esta medida con 18 mujeres ejecutando en libertad servicios de utilidad pública.
“Implementar y echar a andar una medida de esta naturaleza ha representado un enorme desafío, ya que le propone al país salir del punitivismo para entrar en una fase de restauración”, recalcó el funcionario.
Fuente: Ministerio de Justicia
NACIONALES
Firman convenio para promover acceso de la población sorda al empleo público en Colombia

Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.
“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.
Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.
El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:
- El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
- La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
- La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.
Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.
Fuente: Comunicaciones CNSC
NACIONALES
Este jueves vence el plazo para que servidores públicos declaren bienes y rentas

Función Pública informó a servidoras y servidores públicos de entidades territoriales que el período para presentar la declaración de bienes y rentas finaliza este jueves 31 de julio de 2025.
Asimismo, aclaró que son cerca de 308.762 servidores del orden territorial los que deben realizar esta declaración a través del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encuentran en el SIGEP II.
Las y los servidores reportan datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
Además, la entidad reiteró que la información reportada debe corresponder a la vigencia 2024, es decir el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Función Pública recalcó que todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas en tres momentos: al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al retirarse del cargo.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
NACIONALES
Gobierno Nacional y productores logran acuerdo para levantar paro arrocero en Colombia

Tras varios días de movilización y bloqueos, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro iniciado el pasado 14 de julio. El eje central del consenso es la regulación del precio del arroz paddy verde, que será sometido al régimen de libertad regulada, con una fórmula de cálculo que garantiza cubrir los costos de producción sin generar utilidad.
En la negociación intervinieron seis ministerios, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y la Defensoría del Pueblo como garante del diálogo. El Ministerio de Agricultura radicará ante la SIC el borrador de la resolución para su concepto técnico, paso previo a la expedición oficial del nuevo marco de precios.
Controlar las importaciones y frenar el contrabando
Entre los compromisos alcanzados también se destacan la evaluación de medidas de defensa comercial frente a las importaciones, la creación de una comisión técnica para apoyar a los productores afectados por la caída de precios, y la reactivación de fondos como el Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios FAIA, para respaldo a la comercialización y acceso a insumos.
Además, se acordaron mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente para revisar el sistema de Tarifa del Uso del Agua (TUA), y con el Ministerio de Hacienda para examinar criterios de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP- que afectan al sector. La Policía Fisca y Aduanera POLFA y la DIAN reforzarán los controles en centros de acopio y molinos, para verificar el origen de los productos almacenados.
Con la firma del acta de acuerdo, el Comité Nacional del Paro Arrocero anunció el levantamiento de bloqueos y el restablecimiento de la movilidad en el país. Aunque se mantendrán atentos al cumplimiento de los compromisos, los productores manifestaron su disposición al diálogo, al igual que el Gobierno, que reiteró su voluntad de concertación permanente.
Gobernadores garantes
Los gobernadores de Tolima, Meta y Casanare firmaron, en calidad de garantes, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero.
“Como mandatarios de los principales departamentos productores de arroz, celebramos el levantamiento del paro y el logro de la regulación en el precio del arroz paddy verde, una decisión que evita la quiebra de nuestros agricultores y brinda un respiro al campo colombiano”, dijo el Gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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