CASANARE
Delincuentes cibernéticos se llevaron más de 600 millones de pesos de la Alcaldía de Maní
El alcalde de Maní, Tony Ávila Hernández, confirmó a medios de comunicación que el pasado viernes primero de diciembre hacia las 4 y 30 de la tarde, el Municipio fue víctima de delincuentes informáticos, y desde una cuenta oficial de recursos propios adscrita al Banco BBVA, se realizó una transferencia no autorizada, por valor de 658 millones de pesos.
Según información preliminar entregada por el banco, este montó fue trasladado a la cuenta de una empresa con sede en Barranquilla (Atlántico), desde la cual, a su vez, se realizaron transferencias electrónicas a diferentes cuentas en el país, sin embargo, los delincuentes solo lograron hacer efectivo una parte del dinero, monto que se espera sea confirmado por el banco una vez entregue informe de lo sucedido.
También se presentó un intento similar con otra cuenta de Bancolombia, por valor de 210 millones de pesos, transferencia que logró impedirse gracias a la oportuna alerta emitida por la entidad bancaria.
Frente a este hecho delictivo, el mandatario local aclaró que inmediatamente se conoció la situación se dio aviso las autoridades, quienes a través de la Sijín y Policía Especializada en delitos cibernéticos iniciaron la investigación correspondiente, de la cual se espera dar con los responsables lo más pronto posible. La Contraloría General de la Nación también fue informada de lo sucedido.
Ávila Hernández indicó que el municipio cuenta con todos los protocolos de seguridad, aplicativos, claves y token para movimientos de dinero mediante transferencia electrónica, y aclaró que confía plenamente en los funcionarios encargados del manejo de estas plataformas.
El Alcalde también dio un parte de tranquilidad a la comunidad, puesto que todos los recursos del municipio se encuentran amparados con pólizas de manejo y la Administración dispone de otras cuentas para responder con obligaciones adquiridas, mientras se aclara lo sucedido.
Finalmente, dijo que espera celeridad y la máxima colaboración por parte del Banco BBVA, teniendo en cuenta que todo movimiento y más un monto tan alto requiere una confirmación o autorización por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, lo cual, en este caso, no ocurrió.
Fuente: Prensa Alcaldía de Maní
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
