REGIÓN
Cárcel para integrantes de clan familiar señalados de producir cocaína en Caquetá
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez con función de control de garantías a cinco personas que habrían integrado una organización ilegal encargada de producir cocaína en Caquetá.
Se trata de Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros. Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en varios inmuebles de Florencia (Caquetá).
En el operativo, adelantado con el apoyo del grupo antinarcóticos de Policía Nacional, fueron incautados cuatro kilogramos de cocaína. El material probatorio recolectado evidencia que estas personas se habrían coordinado para dinamizar la producción y comercio de las sustancias ilegales.
Para este fin contarían con sus propios cultivos y un laboratorio en zona rural de Florencia para el procesamiento de narcóticos. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía determinaron que los estupefacientes iban camuflados en electrodomésticos y encomiendas que eran enviados a través de una empresa de mensajería en Caquetá con destino a Bogotá.
Finalmente, en los lugares de destino distribuían a otras bandas ilegales las sustancias que eran comercializadas al menudeo. Para este fin, Álzate Duque se aprovecharía de su condición de trabajadores de esa empresa de mensajería, su rol era recoger los estupefacientes y aforarlos mediante encomiendas con el fin de evadir los controles de las autoridades. Además, sería el químico de la estructura, en su poder estaba el definir las sustancias controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes.
Información en poder del ente acusador evidenciaría que Cerquera Reyes sería el cabecilla de la red; además de ser quien velaba por las finanzas de la estructura, supervisaba el cultivo, la producción, y transporte de los alijos.
Por su parte, Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros estarían encargadas de recibir los cargamentos en la capital del país, así como de entregarlos a los compradores habituales.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados. Por petición del ente acusador todos los procesados fueron enviados tras las rejas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
