REGIÓN
Desarticulada red de narcotráfico que delinquía en Casanare, Meta y Vichada
Más de un año de investigaciones, seguimientos e interceptación de comunicaciones le permitieron a un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Casanare desarticular el grupo delincuencial Los Industriales, señalado de dinamizar el tráfico de estupefacientes en Casanare, Vichada y Meta.
Seis diligencias de allanamiento cumplidas en Yopal y Villavicencio permitieron la captura de ocho presuntos integrantes de esta red de narcotráfico. Entre los detenidos está Fernando Galindo Hernández, integrante de una comunidad indígena local y quien sería uno de los articuladores de la organización ilegal.
Los demás procesados son: Germán Garzón Méndez, John Alexánder Salamanca Ríos, Francisco Alveiro Arrieta Salazar, Jhon Wilmer Garcés Angulo, María Isabel Giraldo Bueno, Luz Marina Fonseca y Juan Fredy Rojas.
Según la Fiscalía, la investigación evidenció que la red criminal producía y acopiaba los estupefacientes en Cumaribo (Vichada), luego los enviaba en camiones a través de rutas previamente trazadas por distintos municipios del Meta, hasta llegar a Casanare donde finalmente eran comercializados a domicilio, en espacios públicos y en entornos escolares.
La Fiscalía confirmó que la investigación permitió constatar que la red de narcotráfico ocultaba los cargamentos ilegales bajo tierra, muchos a profundidades que superaban los 2 metros. Sobre los mismos ubicaban galpones como una manera de identificar los lugares donde estaban las sustancias y para evadir el control de las autoridades.
En desarrollo de estas acciones a Los Industriales les fue incautado un cargamento avaluado en 50 millones de pesos.
Durante las diligencias de allanamiento que terminaron con las capturas de los procesados y que se cumplieron en Yopal y Villavicencio, fueron incautados 9’400.000 pesos en efectivo; distintas cantidades de cocaína, bazuco y marihuana; además de un arma de fuego hechiza, equipos de comunicaciones y una motocicleta.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, con delitos como: concierto para delinquir y tráfico fabricación y porte estupefacientes, ambos agravados. Además de tráfico fabricación y porte ilegal de armas de fuego, cargos que fueron rechazados por los investigados.
Galindo Hernández, Garzón Méndez, Salamanca Ríos, Arrieta Salazar y Garcés Angulo, fueron afectados con medidas de aseguramiento en centro carcelario. A Giraldo Bueno le fue impuesta detención domiciliaria, y las otras dos personas seguirán vinculadas al proceso penal en libertad.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
