REGIÓN
Justicia ordena compensar a mujer víctima de los paramilitares en Paratebueno
Una mujer de 77 años y su núcleo familiar, quienes fueron víctimas de la violencia paramilitar en zona rural de Paratebueno, volverá a tener vivienda propia, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restituir el predio mediante la figura de compensación.
“Después de 26 años, se hizo justicia para mi madre. Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras, por el apoyo que nos brindaron, estamos felices porque tendremos una vida digna”, aseguró Rodrigo Antonio Vaca, uno de los hijos de la beneficiaria.
La historia de la familia Vaca se remonta al año 1986, cuando la mujer y su esposo (q.e.p.d) adquirieron el predio Las Gaviotas, de 4.819 metros cuadrados, ubicado en la vereda Macapay Bajo. Allí la mujer instaló una tienda en la que vendía abarrotes y cerveza, pero la tranquilidad se vio alterada en 1997, cuando hombres armados asesinaron a su hija. Este crimen fue confesado años después en Justicia y Paz por Luis Miguel Hidalgo alias “Ratón”, integrante del Bloque Héroes del Llano de las autodefensas.
Ante el asecho de los paramilitares, la mujer, que es analfabeta, no tuvo más remedio que firmar unos documentos por la venta de su predio y huir para salvaguardar su vida y la de sus otros hijos. Ella manifestó que no recuerda detalles de la venta de su propiedad.
Una vez entró en vigencia la Ley 1448 de 2011, ella y sus hijos acudieron a la sede de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Gracias al acompañamiento judicial, el Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia mediante la cual ordenó la restitución por compensación, ya que el predio reclamado fue expropiado por la ANI porque está incluido dentro del proyecto de interés nacional para construir la vía Villavicencio-Yopal.
Entre tanto la URT, a través del Grupo Fondo, compensará a los beneficiarios con la compra de un nuevo predio en el sitio que ellos elijan y de similares características al que abandonaron por causa del conflicto.
El Tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa por parte del opositor. También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en los proyectos y oferta institucional de las entidades del Estado, entre otros beneficios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
