META
Justicia ordena compensar a mujer desterrada por los paramilitares en el Meta
Una familia integrada por la viuda y sus dos hijos volverá a tener vivienda propia tras 21 años del abandono forzado de su predio de siete hectáreas y 9.930 metros cuadrados, ubicado en la vereda Caño Rojo de Lejanías (Meta), por cuenta del asedio de los paramilitares. Así lo contempla un fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la restitución del predio mediante la figura de la compensación.
En 1995, la pareja de esposos adquirió dicha propiedad mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban café, plátano y pasto. Pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona.
El 9 de mayo de 2003 fue el día más fatídico para esta familia, porque hombres armados -que se identificaron como integrantes de las autodefensas- sacaron de la vivienda al jefe del hogar, se lo llevaron hacia la carretera y lo asesinaron de un disparo en la cabeza. Entre tanto, un paramilitar conocido con el alias de “05” se quedó en la casa con la mujer y los hijos y les dio cinco minutos para salir o de lo contrario correrían con la misma suerte del esposo.
Entonces huyeron hacia el municipio de Fuentedeoro, para salvaguardar sus vidas. Entre tanto, los paramilitares ocuparon la finca durante un mes, quemaron los cultivos y se llevaron las reses.
Hasta la fecha, los reclamantes no entienden las razones de este grupo ilegal para cometer el homicidio del jefe del hogar, quien había sido presidente la Junta de Acción Comunal de la vereda, pero nunca tuvo problemas con nadie.
Una vez entró en vigencia le Ley 1448 de 2011, la viuda y sus hijos acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Por ello hoy lograron la restitución mediante compensación ya que, por su avanzada edad y quebrantos de salud, la mujer no quiere regresar al predio abandonado.
El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en el predio y que lo había adquirido legalmente, por lo tanto el Tribunal Superior de Bogotá, declaró que fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, esta persona continuara residiendo en la finca.
También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
