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Justicia ordena compensar a mujer desterrada por los paramilitares en el Meta
Una familia integrada por la viuda y sus dos hijos volverá a tener vivienda propia tras 21 años del abandono forzado de su predio de siete hectáreas y 9.930 metros cuadrados, ubicado en la vereda Caño Rojo de Lejanías (Meta), por cuenta del asedio de los paramilitares. Así lo contempla un fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la restitución del predio mediante la figura de la compensación.
En 1995, la pareja de esposos adquirió dicha propiedad mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban café, plátano y pasto. Pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona.
El 9 de mayo de 2003 fue el día más fatídico para esta familia, porque hombres armados -que se identificaron como integrantes de las autodefensas- sacaron de la vivienda al jefe del hogar, se lo llevaron hacia la carretera y lo asesinaron de un disparo en la cabeza. Entre tanto, un paramilitar conocido con el alias de “05” se quedó en la casa con la mujer y los hijos y les dio cinco minutos para salir o de lo contrario correrían con la misma suerte del esposo.
Entonces huyeron hacia el municipio de Fuentedeoro, para salvaguardar sus vidas. Entre tanto, los paramilitares ocuparon la finca durante un mes, quemaron los cultivos y se llevaron las reses.
Hasta la fecha, los reclamantes no entienden las razones de este grupo ilegal para cometer el homicidio del jefe del hogar, quien había sido presidente la Junta de Acción Comunal de la vereda, pero nunca tuvo problemas con nadie.
Una vez entró en vigencia le Ley 1448 de 2011, la viuda y sus hijos acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio, para que llevara su caso ante la justicia. Por ello hoy lograron la restitución mediante compensación ya que, por su avanzada edad y quebrantos de salud, la mujer no quiere regresar al predio abandonado.
El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en el predio y que lo había adquirido legalmente, por lo tanto el Tribunal Superior de Bogotá, declaró que fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, esta persona continuara residiendo en la finca.
También, la justicia dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de la familia restituida en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
