REGIÓN
Fiscalía acusó a dos exgobernadores de Vichada por el presunto manejo irregular de un contrato
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los exgobernadores de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Florez y Manuel Alberto Villalba Tavera, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
El 23 de diciembre de 2015, el departamento celebró un contrato con la Unión Temporal Dotación Vichada, cuyo objeto fue la dotación del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (CINER), por valor un valor superior a 2.318. millones de pesos, que correspondían a recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Los elementos de prueba indican que el entonces gobernador Espinosa Flórez presuntamente favoreció al contratista, previo acuerdo con algunos particulares interesados en el proyecto, y definió las condiciones y términos del contrato, con un presupuesto oficial que superó los costos del mercado.
De otra parte, Villalva Tavera, como gobernador encargado durante distintos meses de 2015, certificó la disponibilidad de los dineros, abrió la licitación pública como un simple requisito formal, suscribió el pliego de condiciones sustentado en múltiples irregularidades, participó en la adjudicación y celebró el contrato.
Con sus actuaciones, los exgobernadores habrían permitido la apropiación de dineros en favor de la unión temporal en cuantía superior a 1.600 millones de pesos, por concepto de sobrecostos.
Imputación a contratistas
Por las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la dotación del CINER, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control garantías a uno de los integrantes de la unión temporal presuntamente beneficiada, y dos intermediarios. Les imputó los delitos de interés indebido en la contratación de contratos y peculado por apropiación.
Los investigados son: el representante y contratista, Manuel Eduardo Torres Robayo; y Luciela Gallo Álzate y César Augusto Zambrano Garnica. Estas personas no aceptaron los cargos en su contra.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Autoridades de Boyacá confirmaron que se logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Fantasmas’, que se dedicaba al hurto de residencias en Paipa y Villa de Leyva.
Durante el operativo se llevaron a cabo tres allanamientos, cinco capturas por orden judicial a individuos involucrados en los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir, y se realizó el arrestó de una persona en flagrancia por el delito de receptación.
Luego de asociar varias denuncias de hurtos a viviendas en Boyacá y Cundinamarca, y de recopilar abundante material de prueba; la Fiscalía General de la Nación identificó a una red delincuencial conocida como Los Fantasmas que estaría involucrada en, por los menos, 10 eventos delictivos que superarían los 60 millones de pesos.
Seis personas que harían parte de esta red ilegal fueron presentadas por un fiscal de la Seccional Boyacá ante un juez de control de garantías y los imputó como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
la evidencia recopilada determinó que los procesados, al parecer, identificaban residencias en las que se desarrollaban festejos o reuniones sociales para luego; en las noches o madrugadas ingresar a los lugares y hurtar dinero, joyas y demás elementos de valor.
Por estos hechos están siendo procesados José Estiven Méndez Rincón, Walter Esneider Rodríguez Castro, Richard Ángel Blanco Gutiérrez, Duvan Steven Reyes Moreno y Germán Andrés Morantes Modesto.
Por petición de la fiscal del caso el juez de control de garantías los envió a la cárcel.
Fuente: Gobernación de Boyacá
‘Encontrémonos para abrazarnos, no para dañarnos’ se denominó la campaña que la Gobernación de Boyacá, en articulación con otras autoridades, implementó durante el fin de semana del Día de la Madre en el departamento.
Los resultados de esta iniciativa, junto con el buen comportamiento ciudadano, las caravanas, entre otros, son positivos, ya que se registró una reducción significativa en los principales delitos, en comparación con el año 2023. Los casos de homicidio, por ejemplo, disminuyeron en un 100%, mientras que los de violencia intrafamiliar redujeron en un 80% y las lesiones personales en un 75 por ciento.
Por otro lado, la Gobernación de Boyacá, en conjunto con las autoridades, presentó un balance en materia de seguridad y orden público entre 6 y 13 de mayo en el departamento. Durante ese período se realizaron 40 capturas por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, porte ilegal de armas, hurto calificado y receptación.
Adicionalmente, se incautaron 18 metros cúbicos de madera y 58 semovientes valorados en 200.000.000 de pesos. También fueron cerradas 13 unidades de producción minera avaluadas en 163.000.000 de pesos, aproximadamente, y se recuperaron cuatro especies de fauna silvestre.
Igualmente, se adelantaron 22 operativos de registro y control, y se desarrollaron 800 jornadas de prevención integral que impactaron a más de 15.000 personas.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Tomado de: Boyacá Sie7e Días
El exrepresentante a la Cámara tiene una condena de la Corte Suprema a cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
En febrero de este año la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y siete meses de prisión en contra del exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical Gustavo Hernán Puentes Díaz.
Con este fallo, la alta Corte también había expedido orden de captura contra el excongresista boyacense para que cumpla su condena en un establecimiento carcelario, pero este no se había presentado ante las autoridades competentes.
Boyacá Sie7e Días conoció en exclusiva que la tarde del sábado, el boyacense oriundo de Sogamoso y de familia de Tópaga, fue capturado en la capital de Casanare a donde iba periódicamente al parecer a una finca que tienen allí. En los próximos días podría ser trasladado a Bogotá, a la cárcel de la Picota al pabellón de funcionarios públicos.
En octubre del 2021 la Corte Suprema de Justicia halló culpable a Puentes Díaz de usar su cargo de congresista entre el 2008 y el 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.
Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.
Según la Corte, a cambio de esa gestión el representante a la Cámara obtuvo beneficios económicos y políticos.
Fuente: Boyacá Sie7e Días
