META
Retornaron a sus tierras herederos de familia despojada por las Farc en el Meta
En un emotivo acto de justicia y reparación, dos herederos de una familia despojada por el frente 26 de las Farc en El Castillo (Meta) retornaron a sus tierras tras 18 años de destierro.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) hizo entrega formal de 16 hectáreas del predio “La Huerta”, ubicado en la vereda Caño Brasil, avanzando en la lucha contra la impunidad y la recuperación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
La URT, en colaboración con la Fuerza Pública y el Juez Promiscuo Municipal, dieron cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. La sentencia no solo ordenó la restitución del predio a los legítimos dueños, sino que también declaró la nulidad del negocio jurídico forzado bajo amenaza por el que la finca fue vendida.
La familia, que originalmente ocupó el predio en 1953, gracias a una adjudicación por parte del Incora, se dedicaba al cultivo de maíz, plátano y yuca y a la cría de ganado bovino. Sin embargo, la tragedia golpeó en 1993 cuando fueron acusados injustamente por las Farc de colaborar con paramilitares, lo que llevó al asesinato de uno de sus miembros y la desaparición de otro.
Las amenazas continuaron hasta que, en 1994, la familia se vio forzada a vender su hogar y su sustento por un valor irrisorio, huyendo así del terror que asolaba su existencia.
Los esfuerzos de los sobrevivientes, un hijo y un sobrino de la pareja original, por recuperar su legado llevaron el caso ante la URT, cuya representación judicial resultó en una decisión favorable del Tribunal Superior de Bogotá.
La justicia confirmó que el despojo fue producto de la coerción ejercida por las Farc y negó cualquier compensación a la parte opositora del proceso por no demostrar buena fe.
César Santoyo, director territorial de la URT en el departamento del Meta, anunció que la entidad no solo garantizará la restitución de las tierras, sino que también brindará apoyo para el desarrollo de un proyecto productivo en “La Huerta”. Además, tendrán acceso a medidas de reparación integral, asegurando una verdadera justicia reparadora.
Este caso emblemático demuestra el compromiso del Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, en avanzar significativamente en la construcción de paz y reconciliación.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
