META
Unidad de Restitución de Tierras trasladará sus oficinas al centro de Villavicencio
A partir del 22 de marzo, la nueva sede de la Dirección Territorial Meta y Guaviare de la Unidad de Restitución de Tierras, estará ubicada en la calle 41 No 31-23, en el centro de Villavicencio, con horario de atención al público: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
César Santoyo director territorial de la URT en Meta, informó que “las instalaciones, tomadas en arrendamiento, fueron remodeladas para cumplir con los requerimientos de acceso a la población discapacitada. Estas cuentan con mil metros cuadrados de amplios espacios para la atención a público de interés y las víctimas del despojo y abandono forzado. Además, garantizan la comodidad de nuestros servidores, quienes mantienen el firme compromiso de brindar asesoría y dar respuesta oportuna a los reclamantes”.
La decisión del traslado de la sede al centro de la ciudad tiene que ver con acercar la entidad a las víctimas y con garantizar que las personas puedan acceder a la oferta del Estado, ya que todo el ecosistema institucional se concentra en esta zona de Villavicencio.
Sobre la gestión de la entidad en la jurisdicción de Meta, indicó que se han devuelto más de 72.000 hectáreas en favor de 1.300 personas y en cumplimiento de 298 sentencias.
Adicionalmente, la URT ha invertido $3.100 millones en la implementación de proyectos productivos para 107 familias del departamento.
El proceso de restitución de tierras es una política pública de Estado que se está cumpliendo. Por esta razón en Meta, Guaviare y en los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá en Cundinamarca -que conforman esta jurisdicción de la URT-, se han recibido 11.792 solicitudes y se han llevado ante la justicia cerca de 1.400 casos.
En ruta étnica, la Unidad tiene a su cargo 48 procesos de restitución de derechos territoriales con los cuales están siendo reclamadas más de 2 millones 500 mil hectáreas.
Fuente: Dirección Territorial Meta y Guaviare de la Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
