REGIÓN
Ante efectos de la sequía hacen llamado a los boyacenses para ahorrar agua
Ante la probabilidad que el Fenómeno de El Niño se extienda hasta el mes de abril, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) , hace un llamado a los boyacenses a realizar un uso racional del agua en sus actividades.
Robinson Larrotta Rodríguez, director de la ESPB, recordó que el Gobierno nacional, por medio de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), emitió recientemente una nueva resolución con la que se busca frenar el despilfarro y estimular el ahorro del líquido en el país.
El funcionario enfatizó que la normatividad emitida por la CRA establece un cobro adicional a partir de febrero para los usuarios que realicen un gasto excesivo de agua y superen los consumos promedio.
Ruth Quevedo, directora de la CRA, afirmó en diferentes medios de comunicación que esa entidad solicitó a las empresas prestadoras del servicio de acueducto activar todas las medidas para garantizar el acceso al agua como, por ejemplo, controlar y reducir las pérdidas, utilizar medios alternos, entre otras, establecidas en sus planes de emergencia y contingencia.
Así las cosas, cada metro cúbico adicional va a costar más. Para tal fin, cada empresa tomará como base el consumo promedio histórico de cada suscriptor.
Según la Resolución 943 de 2021 emitida por la CRA, los límites de consumo de agua por piso térmico en Colombia son los siguientes:
– Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar tienen un límite de consumo de agua de 22 metros cúbicos por suscriptor cada mes.
– Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar registran un nivel de consumo de 26 metros cúbicos por suscriptor al mes.
– Para las ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar el límite de consumo de agua es de 32 metros cúbicos mensuales por suscriptor.
Esta medida exceptúa hogares comunitarios de bienestar y sustitutos, inquilinatos y usuarios de áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal.
En ese orden de ideas, los habitantes de ciudades como Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá no podrán exceder los 22 metros cúbicos de consumo de agua.
Larrotta explicó que los recursos recaudados por el desincentivo al consumo excesivo de agua serán percibidos por el prestador y luego girados al Fondo Nacional Ambiental (FONAM), través del cual se financian acciones para la protección, reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
