La Personería Municipal de Tame, emitió alerta humanitaria y de orden público, indicando que se ha reportado  la presencia de trampas explosivas en la vereda Los Andes, del mencionado municipio.

En la comunicación, el Personero Juan Carlos Villate Camargo, hace un llamado a la población civil y a los trabajadores de la zona a tomar medidas de precaución al transitar por este sector, de igual manera solicitó a las autoridades locales que activen los protocolos legales necesarios para la desactivación segura de estas trampas explosivas.

“Reiteramos a los actores armados el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, asimismo hacemos un llamado administración local, departamental y nacional, y a los organismos de cooperación internacional para activar los mecanismos de protección y asistencia para la población civil”, recalcó el funcionario.

Fuente: Personería de Tame

Por presuntos actos de corrupción, la Fiscalía General de la Nación judicializó al mayor de la Policía Nacional Joan Manuel Pérez Rodríguez, al subintendente Jhon Alexander Orozco Salazar, a la patrullera Lesly Geraldin Angarita Quintero y el intendente Erwin Giovanny Liévano León, este último actualmente en retiro.

Según la investigación, los procesados habrían permitido la salida de personas que permanecían privadas de la libertad en la estación de Policía de Arauca (Arauca) y de la cual Pérez Rodríguez era su comandante.

Información en poder de la Fiscalía evidenció que los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2023. Al parecer, las salidas eran concedidas para que los investigados realizaran arreglos locativos en las viviendas de los procesados, en casas fiscales o para que adelantaran el mantenimiento de vehículos y aires acondicionados, además de otras actividades.

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También se determinó que los procesados habrían permitido el ingreso de celulares, seguetas y alucinógenos a las celdas a cambio del pago de sumas que oscilaban entre 800.000 y 1’500.000 pesos.

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Arauca imputó a los investigados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de cohecho propio, concusión, abuso de función pública, peculado por uso y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para el mayor y el subintendente Orozco Salazar, detención domiciliaria para intendente en retiro y no privativas de la libertad para la patrullera.

Fuente: Fiscalía General de la Nación