CASANARE
Personería de Yopal logró cinco cupos para adultos mayores en un Hogar de Protección
Varios fallos de acciones de tutela interpuestas por la Personería Municipal de Yopal solicitando la protección de los derechos fundamentales de personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad resultaron favorables, logrando la asignación de nuevos cupos en un Hogar de Protección.
Las medidas buscan garantizar los derechos constitucionales fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y protección de los adultos mayores quienes presentaban alta condición de vulnerabilidad, diagnósticos médicos, deficiente recurso socioeconómico y aunado a ello, carente red de apoyo.
De los siete mecanismos instaurados por el Ministerio Público Municipal, durante el segundo semestre del año 2023, cinco de ellos fueron a favor, de tal manera que los despachos judiciales conminaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a adelantar las acciones pertinentes para materializar el ingreso de los adultos mayores a un Hogar de Protección, con el fin de garantizar su vida en condiciones dignas.
Si bien es cierto, que en uno de los casos no fue aprobado el cupo, el Juzgado ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio efectuar un seguimiento constante de las condiciones de vida del adulto mayor en su vivienda, para que se protejan sus derechos fundamentales, mientras que a la EPS Capresoca le ordenó verificar mediante concepto médico si esta persona requiere servicio de enfermera o cuidador.
Frente al otro caso en mención, la Personería Municipal de Yopal presentó impugnación del fallo en primera instancia, teniendo en cuenta que el abuelito requiere con urgencia el cupo en un Hogar de Protección, debido a su condición de abandono y su situación de discapacidad.
“Cabe destacar que, durante el año 2023 atendimos de manera oportuna a 264 adultos mayores. Es así como la Personería le cumplió a esta población que acudió a requerir nuestros servicios, entre ellos; visitas de verificación psicosocial, intrahospitalaria y domiciliaria”, afirmó el personero Rafael Alberto Peña Torres.
De esta manera la Personería Municipal de Yopal ha ejercido las atribuciones que le corresponden como garante de los derechos humanos en la ciudad, en este caso en favor de las personas de la tercera edad, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
Fuente: Comunicaciones Personería de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
