CASANARE
Capturado en Monterrey señalado de integrar red narcotraficante que movía cocaína por el Caribe
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron tres presuntos integrantes de una red criminal, señalada de obtener, transportar y enviar por vía marítima a Estados Unidos toneladas clorhidrato de cocaína.
Estas personas son pedidas en extradición por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que los requiere por cargos relacionados con tráfico trasnacional de estupefacientes.
En ese sentido señala la Fiscalía que fueron ubicadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional en Bogotá, Monterrey (Casanare) y Sibaté (Cundinamarca).
La petición internacional precisa que estos tres hombres harían parte de una organización que conseguía diversas cantidades de cocaína en zonas de producción ilegal en Norte de Santander y Cauca, las acopiaba y camuflaba en caletas acondicionadas en vehículos de carga; y posteriormente las trasladaba a La Guajira y otras zonas costeras del Caribe colombiano, donde se coordinaba su salida.
De acuerdo a la Fiscalía, esta estructura ilegal le han sido incautados 1.466 kilogramos de clorhidrato de cocaína y tres tractocamiones, en procedimientos distintos realizados en el primer semestre de 2020, en diferentes corredores viales del país.
Los requeridos en extradición son: Luis Marino Medina Martínez, alias Japonés, posible coordinador del andamiaje ilícito y responsable de la parte financiera; Erick Leandro Calderón Soler, presunto encargado de la logística, de definir las rutas terrestres para el transporte de los alijos y de contactar a los conductores que llevarían los vehículos que ocultaban los estupefacientes; y Cristian Augusto Venegas Romero, quien sería uno de los transportadores de la organización delictiva.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
