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REGIÓN

Ocupan bienes del Clan del Golfo en Casanare, Meta y Boyacá

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La Fiscalía General de la Nación propinó golpe certero al patrimonio ilegal del ‘Clan del Golfo’ con la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420.000 millones de pesos.

El trabajo articulado de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, y de un grupo de peritos e investigadores del CTI permitió establecer que las propiedades pertenecerían al extraditado cabecilla de esa organización criminal, Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás.

Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades.

Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado.

Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubarral y Acacías (Meta).

Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico, las organizaciones criminales y la delincuencia común.

Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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REGIÓN

Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso

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Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa  Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.

Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.

En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.

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REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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