REGIÓN
Alcalde de Susacón en lios judiciales por presuntas irregularidades en contratación
La contundencia del material probatorio obtenido por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar al actual alcalde del Municipio de Susacón (Boyacá), Silvio Alberto Rincón Ortega; a su Secretaria de Planeación, Nancy Liliana Pinzón Reyes; y al contratista Carlos Iván Ramírez Fonseca, representante legal de la Fundación Salud, Paz y Bienestar.
De acuerdo al ente investigador, estarían involucrados en varias irregularidades detectadas en un contrato firmado en el año 2015, cuando el funcionario también fue alcalde del mismo municipio, mediante el cual se construyó una edificación donde pretendía funcionar un ancianato, por un valor de 250 millones de pesos.
El material de prueba indica que, aparentemente, el alcalde municipal, Rincón Ortega, para la época de los hechos donde también era mandatario del mismo municipio, designó de manera directa a la Fundación Salud, Paz y Bienestar para que se encargara de la construcción del centro de atención para adultos mayores, sin una licitación pública como lo establece la ley de contratación estatal.
Además de esto señala la Fiscalía que, el funcionario habría designado a su Secretaria de Planeación, Nancy Liliana Pinzón Reyes, como supervisora en el desarrollo del contrato, pese a que, presuntamente, la funcionaria no contaba con los conocimientos técnicos, razón por la cual, aparentemente, no hubo una correcta supervisión al mismo.
Así mismo, hay indicios de que la obra se ejecutó sin realizar previamente estudios, planos o diseños, dando como resultado una edificación vulnerable a eventos sísmicos y no aptos para la habitabilidad de la población para la que se pretendía albergar.
Finalmente, se acreditó que a causa de estas inconsistencias el valor del contrato se convirtió en un detrimento para las arcas del municipio.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional de Boyacá, imputó al alcalde de Susacón (Boyacá), Silvio Alberto Rincón Ortega; a la secretaria de Planeación, Nancy Liliana Pinzón Reyes; y al contratista Carlos Iván Ramírez Fonseca, de acuerdo a su probable responsabilidad en los hechos, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y uso de documento falso.
Los procesados no se aceptaron a los cargos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
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