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REGIÓN

Justicia ha restituido más 71 mil hectáreas en favor de campesinos e indígenas del Meta

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Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales.

En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de un 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.

Además, tras su retorno al campo, 107 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos entre otros.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, César Santoyo, explicó que Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso de restitución en la ruta individual (campesina) y colectiva (étnica) tiene tres etapas: una administrativa, otra judicial y la de cumplimiento.

Indicó que en la jurisdicción de la dirección territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Recordó que en la administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo, se recoge información institucional y las pruebas, y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

En la etapa judicial, la Unidad ejerce la representación del solicitante de manera gratuita, y es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.392 casos han sido llevados ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asimismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.

Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza la entrega material y jurídica del predio o las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine. A la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.

La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos. La URT en Meta ha priorizado 124 subsidios de vivienda.

Ruta étnica

César Santoyo, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, señaló que actualmente, la entidad lleva 40 casos étnicos, de los cuales 29 son de Meta, 11 de Guaviare y con los que están siendo reclamadas 2.277.000 hectáreas.

Como principales logros en favor de las comunidades indígenas, se destacan: la primera sentencia étnica que ordenó la restitución de 16.035 hectáreas del territorio ancestral Florida Kawananae ubicado en Puerto Gaitán y la radicación de demandas por medio de las cuales se reclaman 1.889.000 628 hectáreas. De estas, 954.000 hectáreas corresponden al pueblo Nukak, ubicado en Guaviare.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Investigan a exgobernador de Arauca por irregularidades en proyecto financiado con regalías

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, (2019 – 2021), Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.

Los mencionados son todos miembros del Órgano Colegiado de Decisión, OCAD Paz, por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de Regalías por $7.152 millones.

De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyectos de regalías, de solo 18%, factores que hacían inviable su designación.

Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público a la administración municipal de Miranda Cauca están: el estudio previo realizado al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social para proponerlo como ejecutor del proyecto y una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia con las que este fue presentado ante el Ocad Paz.

También a la dirección del Fondo Mixto se le solicitó certificar las calidades técnicas con las que contaba al momento de asumir la ejecución de la obra, allegar las hojas de vida del personal (ingenieros civiles y de vías, arquitectos, geólogos y otros profesionales) dispuesto para cumplir con los términos del contrato y los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021, entre otras.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

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REGIÓN

En cementerio de Villavicencio hallaron restos de joven desaparecida hace más de 20 años

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Después de 22 años de una persistente búsqueda, la familia de Leidy Johana Pedreros recibió su cuerpo en un entrega digna realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte, la Alcaldía de San Luis de Gaceno y la Gobernación de Boyacá acompañaron a dar el último adiós de esta joven.

Leidy Johana se convirtió en mamá a los 15 años. Ella y su pequeña hija vivían junto con su madre y sus hermanos en una zona rural del Guaviare, donde se habían establecido para vivir. Hilda Díaz, madre de la joven, recuerda que el 20 de enero de 2002 su hija desapareció.

A partir de esa fecha, Hilda se hizo cargo de su nieta, quien apenas tenía 15 meses de nacida. En los siguientes años, intentó rehacer su vida. Sin embargo, se vio nuevamente afectada por hechos relacionados al conflicto armado: fue víctima de abusos, secuestro y desplazamiento forzado.

Para salvaguardar su vida y la de sus tres pequeños, ella abandonó su hogar junto con su familia. Huyeron en medio de la noche, llevando consigo solo la ropa que tenían puesta. Se escondieron en un camión, entre canastas de envases y cerdos. Aunque Hilda pensó volver a San Luis de Gaceno, en Boyacá, donde nació y vive el resto de su familia, se enteró de que allí había presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que decidió establecerse en Tunja.

En 2011, Hilda recibió una llamada de un número desconocido. Para sorpresa suya, era Leidy Johana. “Volvimos a tener noticias de ella porque me llamó y me dijo que estaba en un sitio donde era imposible la comunicación. Me alcanzó a decir que le cuidara mucho a la niña. Fueron dos minutos de conversación y nunca más”.

No recibió más noticias de Hilda, por lo que decidió involucrarse en procesos de defensa por los derechos humanos y participar en comités, mesas de participación efectivas de víctimas, organizaciones y grupos de buscadoras y buscadores para hacer visible la desaparición de su hija y encontrarla.

Ese camino la convirtió en una lideresa de apoyo y soporte para otras víctimas del conflicto armado que siempre conserven viva la esperanza, como lo hizo ella por más de dos décadas. Pese a los escasos recursos y gracias a rifas y apoyos económicos, Hilda viajaba a cualquier lugar donde podría encontrar a Leidy Johana. “Buscaba la verdad porque no sabía nada de mi hija, eran años de incertidumbre. Por lo menos yo quería saber si estaba viva o muerta”, recuerda.

Para 2016, se compró un celular. Sin saberlo manejar muy bien, lo utilizó para llegar hasta la zona veredal de Mesetas, en el Meta, donde indagó, tomó fotografías y recogió información valiosa para la búsqueda. En ese año se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc. En ese mismo viaje, ella se entrevistó con alguien que conoció a su hija y quien le confirmó que Leidy Johana había muerto en 2012 en zona rural de Vista Hermosa, también en el Meta.

A partir de allí, Hilda estuvo indagando de la mano de las entidades del Sistema Integral de Paz: la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda (UBPD). Igualmente, logró acercamientos con la Corporación Humanitaria Reencuentros, que también participa en procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sus aportes de información fueron valiosos para la investigación humanitaria y extrajudicial en el caso de Leidy Johana.

Posterior a la documentación del caso, se realizaron las muestras genéticas para cotejar el ADN. Luego, en una articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros, se realizó en el Cementerio Central de Villavicencio la localización y exhumación del cuerpo de Leidy Johana, el cual fue enviado al Instituto de Medicina Legal para su identificación.

La cita para la entrega digna del cuerpo de Leidy Johana fue en San Luis de Gaceno, en Boyacá. Hasta ese municipio llegó Hilda junto con su nieta, a quien considera también su hija. Así fue como Leidy Johana volvió al seno de su hogar tras 22 años de búsqueda.

Carolina Olmos, coordinadora de la UBPD en el Casanare, entregó un reconocimiento a la madre y la hija de Leidy Johana por su incansable búsqueda que duró más de dos décadas. Olmos también enfatizó en la misionalidad de la Unidad de Búsqueda: no descansar hasta encontrar a todas las personas desaparecidas en Colombia.

La familia dio sepultura a Leidy Johana, de quien su hija no tiene recuerdos y a quien ha podido conocer a través de su abuela. Después de la eucaristía, todas y todos caminaron por las calles de San Luis de Gaceno, vestían camisetas con la foto de la joven y cargaban un parlante por el que sonaba la canción ‘Los caminos de la vida’, esa misma que siempre tarareaba Leidy Johana en vida.

Fuente:  Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

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Dos municipios de Boyacá deben inmunizar a toda su población contra la fiebre amarilla

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vacuna aplicar

El Ministerio de Salud emitió una alerta en Colombia por fiebre amarilla como consecuencia de algunos casos que se presentaron en Putumayo a principio de año.

Se trata de una enfermedad que se propaga por un mosquito y que puede causar fiebre, dolor de cabeza, náuseas, trastornos renales, hepáticos y cardíacos fatales. Para evitarla se recomienda vacunarse una única vez en la vida.

“Solo en dos municipios de Boyacá se necesita vacunar a todas las personas entre 1 y 59 años. Se trata de Páez y Paya, debido a que localidades de departamentos vecinos que limitan con estas poblaciones han reportado en casos positivos años anteriores”, informó Sandra Milena Antolinez Aunta, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del departamento, quien subrayó que en todo el territorio se deben inmunizar a los niños y niñas de 18 meses.

La Secretaría de Salud de la Boyacá hace un llamado a que todos los boyacenses revisen su esquema de vacunación y si nunca se han vacunado contra la fiebre amarilla acudan al puesto de vacunación más cercano. Este biológico es gratuito y hace parte del esquema regular de todos los colombianos.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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