REGIÓN
Justicia ha restituido más 71 mil hectáreas en favor de campesinos e indígenas del Meta
Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales.
En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de un 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.
Además, tras su retorno al campo, 107 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos entre otros.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, César Santoyo, explicó que Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso de restitución en la ruta individual (campesina) y colectiva (étnica) tiene tres etapas: una administrativa, otra judicial y la de cumplimiento.
Indicó que en la jurisdicción de la dirección territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Recordó que en la administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo, se recoge información institucional y las pruebas, y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En la etapa judicial, la Unidad ejerce la representación del solicitante de manera gratuita, y es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.392 casos han sido llevados ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asimismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.
Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza la entrega material y jurídica del predio o las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine. A la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.
La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos. La URT en Meta ha priorizado 124 subsidios de vivienda.
Ruta étnica
César Santoyo, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, señaló que actualmente, la entidad lleva 40 casos étnicos, de los cuales 29 son de Meta, 11 de Guaviare y con los que están siendo reclamadas 2.277.000 hectáreas.
Como principales logros en favor de las comunidades indígenas, se destacan: la primera sentencia étnica que ordenó la restitución de 16.035 hectáreas del territorio ancestral Florida Kawananae ubicado en Puerto Gaitán y la radicación de demandas por medio de las cuales se reclaman 1.889.000 628 hectáreas. De estas, 954.000 hectáreas corresponden al pueblo Nukak, ubicado en Guaviare.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
