REGIÓN
Justicia ha restituido más 71 mil hectáreas en favor de campesinos e indígenas del Meta
Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales.
En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de un 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.
Además, tras su retorno al campo, 107 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos entre otros.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, César Santoyo, explicó que Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso de restitución en la ruta individual (campesina) y colectiva (étnica) tiene tres etapas: una administrativa, otra judicial y la de cumplimiento.
Indicó que en la jurisdicción de la dirección territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Recordó que en la administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo, se recoge información institucional y las pruebas, y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En la etapa judicial, la Unidad ejerce la representación del solicitante de manera gratuita, y es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.392 casos han sido llevados ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asimismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.
Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza la entrega material y jurídica del predio o las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine. A la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.
La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos. La URT en Meta ha priorizado 124 subsidios de vivienda.
Ruta étnica
César Santoyo, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, señaló que actualmente, la entidad lleva 40 casos étnicos, de los cuales 29 son de Meta, 11 de Guaviare y con los que están siendo reclamadas 2.277.000 hectáreas.
Como principales logros en favor de las comunidades indígenas, se destacan: la primera sentencia étnica que ordenó la restitución de 16.035 hectáreas del territorio ancestral Florida Kawananae ubicado en Puerto Gaitán y la radicación de demandas por medio de las cuales se reclaman 1.889.000 628 hectáreas. De estas, 954.000 hectáreas corresponden al pueblo Nukak, ubicado en Guaviare.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
El Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal del cobro de tarifas en la estación de peaje de San Luis de Gaceno, ubicada en la Transversal del Sisga, entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. La medida regirá desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y aplicará para todas las categorías vehiculares del proyecto vial.
Según la Resolución emitida el 14 de octubre, la decisión responde a las reiteradas inconformidades de la comunidad frente a las tarifas vigentes y a las afectaciones causadas por la ola invernal, que han deteriorado la infraestructura vial y disminuido el flujo turístico hacia la región. El Ministerio explicó que la medida busca facilitar la movilidad y apoyar la economía local, en especial a los sectores productivos y turísticos que dependen del tránsito por este corredor.
La cartera de Transporte indicó que, además de las afectaciones por la temporada de lluvias, se identificó el incumplimiento de los estándares de nivel de servicio, debido a cierres prolongados como el registrado en el sector de Piedra Campana. Por esta razón, se determinó que la suspensión del cobro constituye una acción necesaria para restablecer el equilibrio entre el desarrollo del proyecto y el bienestar de las comunidades.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca garantizar la movilidad segura y accesible de los usuarios, mientras se adelantan las acciones necesarias para recuperar la infraestructura afectada y restablecer las condiciones óptimas de operación en la Transversal del Sisga.
Ecopetrol informó que ha puesto en el mercado colombiano gas natural en firme de largo plazo, proveniente de los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña, y aclaró que todos sus procesos de comercialización se han realizado bajo el marco de la normativa vigente. La compañía respondió así a los cuestionamientos de los gobernadores de Meta y Casanare, quienes expresaron preocupación por la no destinación de gas natural vehicular (GNV) a partir del primero de diciembre de 2025.
De acuerdo con la empresa, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 102 015 de 2025, que priorizan la atención de la demanda esencial en el país. En este sentido, Ecopetrol explicó que tanto los hogares como los pequeños comercios cuentan con una cobertura del 100% en Casanare y Meta, lo que garantiza la seguridad energética de miles de familias y evita incrementos en los precios por compras de gas importado o en el mercado secundario.
Primero la demanda residencial y comercial
La compañía detalló que entre enero y octubre de 2025 se realizaron varios procesos de comercialización abiertos a todo el país, de los cuales resultaron beneficiadas empresas como ENERCA, Gases del Cusiana y la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, asegurando el suministro para la demanda residencial, comercial y de GNV en estas regiones. Sin embargo, recordó que ante limitaciones de oferta, la normativa establece una priorización que ubica al GNV en tercer lugar, después de los usuarios residenciales y comerciales.
Ecopetrol también señaló que en junio de 2025 abrió un proceso de comercialización con contratos en firme hasta 2029, en el que adjudicó gas natural a compañías de Meta y Casanare, garantizando la cobertura de la demanda esencial desde diciembre de este año hasta noviembre de 2028. Posteriormente, en septiembre, ofreció nuevas cantidades del campo Floreña para cubrir la demanda entre 2026 y 2028, logrando precios competitivos que mantienen las tarifas más bajas del país.
La estatal petrolera precisó que el GNV, pese a ser considerado demanda esencial, puede verse limitado cuando la disponibilidad del recurso obliga a priorizar primero a los hogares y pequeños comercios. En ese contexto, la asignación se hace siguiendo estrictamente la regulación, sin que ello implique decisiones discrecionales por parte de la empresa.
Finalmente, Ecopetrol reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, las autoridades locales y los operadores del sector, con el fin de habilitar mayores cantidades de gas y encontrar soluciones estructurales que permitan atender las necesidades energéticas de los Llanos Orientales, garantizando transparencia, estabilidad económica y cumplimiento normativo.
Fuente: El Diario del Llano
REGIÓN
Continúa cerrada la vía Bogotá – Villavicencio, por enorme derrumbe en inmediaciones de Chipaque
Debido a un deslizamiento de material ocurrido desde el pasado sábado a la media noche, entre el PR18+300 y el PR18+600, sector localizado en el municipio de Chipaque de la vía Bogotá–Villavicencio, se presenta cierre total de la vía.
La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, informó que por la magnitud del deslizamiento no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor, por lo cual se recomienda como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas.
En el marco del plan de atención de la emergencia, se activó el Plan de Contingencia Operativo del Concesionario, con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Para la atención de la emergencia, el Concesionario Coviandina dispone de 14 volquetas en operación y 4 adicionales en camino, 3 retroexcavadoras, 1 cargador, con otro en traslado y 2 minicargadores.
A la fecha se han retirado aproximadamente 800 m³ de material, pero se estima un volumen total de arrastre cercano
a los 100.000 m³ que podría comprometer el sitio.
Se hace un llamado a los usuarios del corredor vial a seguir las indicaciones del personal autorizado, en tanto se desarrollan las labores técnicas necesarias para la recuperación de la vía.
Fuente: El Diario del Llano
