META
Autoridades rechazaron brutal ataque a misión médica en Barranca de Upía
La E.S.E. Departamental ‘Solución Salud’ rechazó los actos de vandalismo y ataque contra la misión médica ocurridos en la madrugada del lunes en Barranca de Upía y exigió respeto por el cuerpo de profesionales y las instalaciones de sanidad en los municipios.
De acuerdo al relato del cuerpo médico, sobre la 1:30 a.m. ingresó un paciente herido por arma corto punzante en la espalda profunda y sangrante, producto de una riña callejera, el cual es trasladado de inmediato a urgencias en donde los médicos trataron de suturar y estabilizar, pues debería trasladado a un centro primario por el abundante sangrado.
Sin embargo, al momento de suturar, ingresó un segundo paciente que estaba involucrado en la riña con una herida en la mano. En el instante en que se dan cuenta de que allí estaba el otro herido involucrado en el altercado, el segundo llama a amigos, quienes llegan a las instalaciones y empiezan a destruir las instalaciones y a agredir al personal médico.
Aproximadamente 50 o 60 personas empezaron a destruir las instalaciones, por lo que de inmediato se llamó a la Policía, procediendo a controlar la riña hasta después de las 3:30 a.m.
Los repudiables hechos dejaron como resultado un médico con fractura de antebrazo derecho, que además de agredido fue amenazado con cuchillo durante los hechos. Por si fuera poco violentaron verbalmente y amenazaron de muerte a la auxiliar, al médico agredido, a otra médica y al director del hospital local al que le dieron 24 horas para que abandone el municipio.
“Lo grave de esta situación, es que los dos médicos que estaban en el servicio de urgencias la noche anterior me acaban de renunciar, dicen que no continúan en el municipio y ese es el inconveniente que vamos a tener para poder volver a dar el servicio de urgencias, porque es manejado por rurales y esas plazas no son fáciles de reemplazar”, afirmó Hernán Mojica Molinares, gerente de la E.S.E Departamental del Meta ‘Solución Salud’.
Además, la sala de urgencias está totalmente destruida sumado a otras áreas del hospital que fueron afectadas por el irracional ataque.
Mojica Molinares reiteró que la misión médica debe ser respetada y mantenida al margen de cualquier conflicto y libre de la violencia delincuencial, pues su único objetivo es salvar vidas.
Fuente: Gobernación del Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
