META
Desarticulado grupo de abigeos señalados por hurtar más de 350 reses en el Meta
Policía Meta a través de la SIJIN, logró desarticular un grupo delincuencial común denominado ‘Carnifex’, con la captura de cuatro personas, quienes eran buscados por las autoridades judiciales por los delitos de Abigeato agravado y concierto para delinquir.
En el desarrollo de las investigaciones, se estableció la zona injerencia, la cual se centraba en la región de la altillanura en el Meta, los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, hurtando más de 350 cabezas de ganado en un periodo de 2 años mediante la modalidad de arreo y carneo.
La operación denominada ‘Carnifex’, que lleva por sí, el mismo nombre de esta estructura delincuencial, se desplegó de manera simultánea a través de tres diligencias de allanamientos a viviendas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta; Facatativá, Cundinamarca y Suaita en el departamento de Santander; y permitió materializar la captura de su líder y tres de los integrantes quienes cumplían roles específicos dentro de la organización.
El Líder: encargado de coordinar el sacrificio ilegal de los animales vacunos en el sector rural de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta. El producto cárnico producto del hurto era comercializado en la ciudad en carnicerías legales e ilegales.
El Dinamizador: su objetivo se centraba en genera la confianza entre propietarios de fincas ganaderas y en coordinación con el Líder, comercializaban ganado sin ningún control sanitario y sin la previa autorización de los dueños, utilizando artimañas para evitar un efectivo control o inventario de las ganaderías.
El Trasportador: siendo conocedor de la zona de injerencia, utilizaba vías terciarias para llevaba el ganado a predios utilizados como lugar de sacrificio ilegal, y con ello, eludir las acciones de los entes de control.
El Cuatrero o Despostador: hombre de confianza del Líder, con amplia experiencia en el sacrificio de ganado vacuno, sería la persona encargada de descuartizar reses de manera clandestina.
Los integrantes de este grupo delincuencial, bajo la auspicia de encargados de fincas ganaderas y utilizando la penumbra de la noche, ingresaban a hurtar los semovientes bovinos, embarcarlos en camiones para luego llevarlos a fincas aledañas y sacrificarlos de manera ilegal, y logrando con ello, la comercialización de los derivados cárnicos en carnicerías legales e ilegales en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.
Los productos cárnicos generados por esta actividad criminal eran comercializados en puntos ilegales, los cuales no contaban con las medidas de salubridad. Se calcula que esta organización delincuencial afectó el patrimonio de ganaderos en aproximadamente 1’400 millones de pesos, y con esto, una de las principales actividades económicas de la región.
Los sujetos capturados fueron presentados en las últimas horas ante la Fiscalía No. 34 Seccional de Puerto López, Meta, donde se les definirá su situación jurídica y penal frente a estos actos y comportamientos delictivos.
Fuente: Policía Meta
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
