META
Los retos ambientales para los mandatarios que serán elegidos en el Meta
Este domingo 29 de octubre se definirán los nombres de los nuevos mandatarios territoriales en el departamento del Meta, con quienes Cormacarena ha hecho equipo en defensa de la flora, la fauna, los bosques y en general la riqueza natural del territorio en apoyo con sus comunidades.
En este momento coyuntural para preservar la biodiversidad del planeta y el departamento, es necesario que los Planes de Desarrollo de los próximos alcaldes contemplen en su agenda temas de vital importancia que, con el refuerzo de cada uno de ellos, podrán seguir avanzando en el propósito de cuidar una casa común.
Como parte de su responsabilidad social, la Corporación Cormacarena define cinco temas esenciales que tienen que estar en la agenda pública para disminuir los impactos de la crisis climática y tener una economía sostenible en el Meta:
1. Mantener las tasas de reforestación: Si bien la región ha contribuido a la conservación del bioma amazónico, en donde se ha disminuido la deforestación en un 34%, dejándose de talar 25.596 hectáreas de bosque, continuar con la disminución de estos índices será una de las tareas priorizadas en la agenda climática de los gobernantes, para seguir salvaguardando los ecosistemas. En el caso de las administraciones municipales, estas tienen la obligación de aportar el 1% por la tasa de compensación ambiental.
2. Impulsar los PSA: En el Meta ya son más de 4.470 familias y 93 comunidades indígenas las que han suscrito los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que ha permitido en tres años proteger 194.000 hectáreas de bosque. Quienes resulten elegidos el domingo en las alcaldías, deberán no solo fomentar nuevas alianzas en sus comunidades, sino garantizar en el tiempo la continuidad de este programa que mejora las condiciones ambientales del territorio y apoya la economía de familias metenses.
3. PTAR, necesidades inaplazables: Las nuevas administraciones municipales deben priorizar los estudios y diseños de sus Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en aquellos territorios donde no se ha avanzado en estas obras, pues, además de una obligación con sus comunidades, son vitales para la conservación de las fuentes hídricas y ríos de la región, que no solo proveen de líquido a los acueductos municipales, sino que se han convertido en destinos turísticos.
4. Ordenamiento territorial: Nada más importante en el desarrollo municipal, los siguientes cuatro años, que ejecutar los componentes ambientales de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, a través de una acertada coordinación institucional, que permita avanzar en la planeación urbana y rural de la protección de los recursos naturales en los 29 municipios del departamento. La Corporación ambiental estará siempre dispuesta a asesorar a las administraciones para la materialización de dichos planes.
Fuente: Cormacarena
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
