ARAUCA
Gobierno Nacional incrementó en Arauca la inversión de Tránsito a Renta Ciudadana
La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, realizó una agenda en Arauca como parte de los recorridos regionales que está llevando a cabo para fortalecer y adaptar los programas de la entidad a las necesidades específicas de los territorios.
Durante esta visita destacó que uno de los logros ha sido el incremento del 150% en la inversión para los hogares beneficiados con el programa Tránsito a Renta Ciudadana. “Este aumento en la inversión en transferencias monetarias, demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción de la pobreza extrema en la región.”, dijo Sarabia.
Adicionalmente anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para el mejoramiento de viviendas en la Urbanización Las Playitas, como parte de un convenio interinstitucional entre Prosperidad Social y la alcaldía de Arauca. Este proyecto se suma a la estrategia de Prosperidad Social para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales más vulnerables.
La directora general también destacó el convenio con la Gobernación de Arauca para alcanzar a 1.200 hogares del departamento con un programa de seguridad alimentaria integral. Este esfuerzo conjunto buscará atender las necesidades de los hogares más necesitados, en materia de alimentación, en Fortul, Saravena, Tame y Arauca, la capital.
Laura Sarabia destacó que Prosperidad Social no solo se limitará a ser un operador de transferencias monetarias, sino que se esforzará por ofrecer una ruta completa en materia de desarrollo social y superación de la pobreza en el territorio.
Durante su visita, Sarabia expresó que “el interés del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es volcar el interés hacia la Colombia profunda, para empezar a pagar la deuda histórica que se tiene con territorios como el departamento de Arauca.” La Directora concluyó subrayando que la intención principal es llegar con soluciones integrales a todo el departamento, y destacó que esta es la cuarta visita que realiza a una regional de Prosperidad Social este año.
Fuente: Prosperidad Social
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
