REGIÓN
Judicializados militares por apoderarse de combustible donado por la DIAN en Boyacá
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, presentó ante un juez de control de garantías a los oficiales retirados del Ejército Nacional, coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver y mayor José Weimar Agreda Romero; además del ex suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas, y les imputó, de acuerdo a su responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos investigados están relacionados al posible apoderamiento por parte de los militares, de más de 23 mil galones de combustible que fueron donados en 2016, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al Batallón de Alta Montaña #2, ubicado en el municipio de El Espino (Boyacá).
De acuerdo con la investigación, la primera entrega del combustible por parte de la DIAN fue en octubre de 2016, la cual correspondía a 13.780 galones de ACPM, avaluados en $64.545.520, que presuntamente, fueron entregados en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a Sandino Rojas quien fungía como suboficial de Acción Integral del Ejército, para que los trasladara a Boyacá.
Sin embargo, el material de prueba da cuenta que los dos oficiales retirados del Ejército, quienes para la fecha de los hechos se desempeñaban como comandante y subcomandante del batallón que sería beneficiario de la donación, habrían ordenado al suboficial llevar la carga de hidrocarburos a Tuluá (Valle del Cauca), donde aparentemente, fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una situación similar se habría registrado con 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, por un valor total de $58.624.893, que fueron aportados por la DIAN en noviembre de 2016, también al Batallón de Alta Montaña # 2, pero que presuntamente, nunca llegaron a Boyacá, sino que por el contrario, habrían sido comercializados de manera irregular en la misma estación de servicios en Valle del Cauca por 30 millones de pesos.
Además, en las verificaciones realizadas por los investigadores, se detectó que posiblemente, los procesados consiguieron una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de una estación de gasolina en Tunja (Boyacá), con el objetivo de presentarla en la inspección que regularmente realizan funcionarios de esa institución.
Durante la audiencia concentrada los ex uniformados no aceptaron los cargos endilgados por una fiscal adscrita a la fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional Boyacá.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
A través del diálogo social que lideraron los delegados de los Ministerios de Trabajo, Minas, Interior, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Boyacá y autoridades locales, se logró levantar la protesta que adelantaban en Santa María y municipios aledaños, las organizaciones sociales y comunitarias.
En un pliego de peticiones que sometieron a consideración de las autoridades nacionales, departamentales y locales, los habitantes y trabajadores de la zona, exigen solución a problemas generados por la ola invernal y por las afectaciones causadas por la Central Hidroeléctrica de Chivor y la empresa AES Colombia.
En el acuerdo que se firmó este miércoles, MinTrabajo lidera acciones de inspección a las empresas, el fortalecimiento de la asociatividad de los trabajadores y el diálogo social para la búsqueda de soluciones integrales en el marco de los derechos laborales y de huelga de los participantes.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en el sitio, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y del representante Jaime Raúl Salamanca dijo: “No solo vengo por delegación del presidente de la República, Gustavo Petro, de quien traigo un saludo y abrazo muy especial, estoy por un compromiso personal y afecto por esta tierra, con los trabajadores, campesinos y la ciudadanía boyacense”.
“Lo logrado, es un acuerdo entre las comunidades, trabajadores, representantes de la empresa AES Colombia y autoridades nacionales, departamentales y locales, donde la cartera que lidero ejercerá control con las normas y derechos de los trabajadores”, anotó Sanguino.
“Junto con la Dirección Territorial se harán visitas cada mes para constatar el cumplimiento de los acuerdos y de las normas laborales que se derivan de la reciente Reforma Laboral, la Ley 2466 aprobada en el Congreso de la República el 26 de junio”, precisó.
Revisiones cada mes
Se revisarán asuntos como la mano de obra local, el respeto a la protesta social y de los trabajadores, la tercerización, la precarización laboral, garantizando salarios justos y contratos a término indefinido, así como proteger la calidad del empleo.
“Para nosotros es muy importante estos proyectos eléctricos e hidroeléctricos, pero tiene que existir y ofrecerle energía al país, sobre la base del trabajo digno y decente de los trabajadores”, puntualizó Sanguino Páez.
Incluyó dentro de los temas a revisar y que está en el pliego de peticiones el de Seguridad y Salud en el Trabajo, “este tipo de proyectos incorpora niveles de riesgos especiales, así es que la inspección que vamos a realizar va a revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de tal suerte que la empresa garantice las normas y las condiciones que la normatividad exige para los trabajadores y sus comunidades”, indicó.
El Ministro compartió que se adelantará con los inspectores de trabajo y desde la Dirección de Derechos Fundamentales, una jornada pedagógica de la reforma laboral, con los trabajadores, directivos de las empresas y ciudadanos, “la cual fue pensada en clave de derechos de los trabajadores. Es la más importante de este siglo, que recupera derechos que todos deben conocer”.
El director de Derechos Fundamentales, Yomar Benítez, quien acompañó este espacio de diálogo, señaló: “Desde el MinTrabajo, se respaldó la protesta social y a las organizaciones sindicales. Se hace énfasis a la generación de nuevos empleos en el sector con las condiciones que manda la nueva reforma laboral”.
Agregó: “este acompañamiento va de la mano de generar las condiciones para que el diálogo social sea respetado, que no haya discriminación sindical y se incentive el trabajo digno y decente”.
Fuente: Comunicaciones MinTrabajo
El Instituto Nacional de Vías (Invías) cerró el proceso de licitación pública para adjudicar un nuevo contrato de mantenimiento de la Transversal del Cusiana, vía clave entre Boyacá y Casanare. En total, 25 empresas presentaron sus ofertas para ejecutar las obras, cuyo costo rondará los $15.500 millones y cuya adjudicación se prevé para la primera semana de septiembre.
Sin embargo, para los habitantes de la región, la historia parece repetirse. Desde hace años, los millonarios contratos de mantenimiento solo han servido para que la carretera se mantenga “medianamente transitable”, sin que se ejecuten soluciones estructurales que garanticen una conectividad segura y estable. Los deslizamientos, hundimientos y fallas en la carpeta asfáltica, donde la hay, son un problema crónico que se reitera cada temporada invernal.
No es una solución de fondo
La comunidad recuerda que, mientras se anuncian recursos y licitaciones, los cierres parciales y totales son una constante que afecta el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas. Muchos temen que este nuevo contrato sea apenas un paliativo más y no una solución de fondo.
Pese a las críticas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Invías, sostiene que el proyecto busca mejorar la transitabilidad y responder a las necesidades históricas de la región. No obstante, en el Cusiana las expectativas son cautelosas: la carretera ha escuchado demasiadas promesas para creer que esta vez será diferente.
Fuente: El Diario del Llano
REGIÓN
La ANI supervisa puntos críticos de la Transversal del Sisga, hay dos puntos con cierre total
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Oscar Torres Yarzagaray, su equipo técnico, la Concesión y la Interventoría, recorrieron el proyecto Transversal del Sisga, para supervisar las actividades de atención de emergencia que permitan restablecer la operación de este importante corredor vial en dos puntos que actualmente presentan cierre total de vía como consecuencia de los efectos de la temporada invernal.
Los cierres totales se presentan en el PR42+050 y PR42+580, en jurisdicción del municipio de Santa María (Unidad Funcional 3), debido a pérdida de banca generada por la creciente súbita del río Bata. “En respuesta, se habilitó una plataforma peatonal más amplia y segura en el PR42+050, que permite el tránsito de personas y el trasbordo de
alimentos, medicamentos y mercancías de forma controlada y continua. Así mismo, el concesionario tiene instalados en esos puntos ambulancias para la atención al usuario.
A través de corredores comunitarios la población afectada dispone de horarios durante el día con el fin de mitigar la emergencia, permitiendo su movilidad y comunicación. Es de destacar que, este corredor vial como vía alterna al Llano es clave para conectar el centro con el oriente del país”, señaló Oscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
Adicionalmente, en este mismo sector, se dio inicio a las actividades de corte, demolición de rocas y adecuación del terreno, de forma conjunta con la empresa AES Chivor, como parte del proceso de construcción del carreteable alterno que permitirá el paso de vehículos livianos. Esta intervención ha contado con el apoyo técnico de labores previas como los estudios topográficos, la rocería y limpieza del área.
El avance de estas actividades está condicionado por las variables climáticas de la zona, ya que se requiere que las condiciones sean seguras tanto para el personal como para la operación de maquinaria en terrenos inestables.
Fuente: Comunicaciones ANI
