META
Justicia devolvió predio a mujer desplazada por la guerrilla en el Meta
Una madre, su hija y su nieta, que fueron obligadas a abandonar el predio ubicado en la inspección de La Julia, debido a la presión ejercida por la guerrilla de las FARC, recuperaron una casa lote de 4.162 metros cuadrados.
Así lo contempla la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, que las declaró víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras, y ordenó la restitución material del inmueble.
En el año 2000, la mujer adquirió la casa lote en la que construyó algunas mejoras; en ese lugar residía junto con su hija y su nieta. Allí tenían cultivos de yuca, plátano, maíz y un galpón de gallinas. Adicionalmente, ella poseía una parcela en zona rural del municipio de La Macarena, que visitaba semanalmente, para ver los animales, pero luego regresaba a La Julia.
La tragedia para esta madre cabeza de hogar comenzó cuando al encontrarse en La Macarena, fue objeto de amenazas por parte de guerrilleros del frente 40 de las Farc, quienes la acusaron de ser auxiliadora del ejército. Ante estos hechos que se sumaron a los constantes enfrentamientos registrados en zona rural de La Uribe, en 2010, las mujeres se vieron obligadas a desplazarse inicialmente hacia al Caquetá y después a Bogotá para proteger sus vidas.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, esta mujer víctima acudió a las oficinas de la entidad en Villavicencio, donde presentó su solicitud, posteriormente se ejerció su representación judicial, logrando que la justicia ordenara la restitución jurídica y material del predio.
Agregó el director Santoyo, que esta sentencia transforma la vida de la mujer cabeza de hogar, porque además de la devolución material de esta casa lote, ella recibirá un proyecto productivo y tendrá acceso a las diferentes medidas de reparación integral por parte del Estado, entre las que están: alivio de pasivos por concepto de impuesto predial y de servicios públicos domiciliarios, atención en salud, subsidio para construcción de vivienda e inclusión en los programas de atención social con enfoque diferencial.
Fuente: Unidad para la Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
