ARAUCA
A prisión mujeres que habrían extorsionado a grupo musical en Puerto Rondón
Ante la contundencia del material probatorio aportado por un fiscal especializado de la Seccional Arauca, un juez envió a la cárcel a dos mujeres, al parecer, integrantes de un grupo delincuencial implicados en extorsiones ordenadas desde la cárcel de mediana seguridad El Barne, ubicada en Cómbita (Boyacá).
Se trata de Norida Leonor Pinto Garrido y Genoveva Rincón Cárdenas, judicializadas por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos.
De acuerdo con las investigaciones en enero reciente a través de un mensaje de texto al representante del grupo venezolano de música llanera Los Antillanos, fueron contratados para una presentación en el municipio de Puerto Rondón (Arauca). Al llegar a la capital Araucana el 24 de enero son recibidos por Pinto Guerra, quien les informa que el toque es para un grupo guerrillero.
A los 10 integrantes del grupo los despojan de sus celulares por seguridad, los trasladan hasta el municipio de Tame (Arauca), donde los hospedan y les solicitan los datos de sus familiares y números telefónicos para poderse comunicar con ellos por si pasaba algo.
La fiscalía en la investigación estableció, que las procesadas, se habrían comunicado con las familias de los músicos a quienes les exigieron la suma de 1.500 dólares o 6 millones equivalente en pesos colombianos, a cambio de respetarles la vida, mientras ellos se encontraban hospedados en un hotel de Tame, hasta el 25 de enero cuando se enteran de que habían pagado la suma de 24 millones de pesos en efectivo y 6 millones más a través de una consignación. Dinero que, al parecer, fue recibido por las procesadas.
Las dos mujeres fueron capturadas este 4 de septiembre en Arauca (Arauca) y Villavicencio (Meta) por uniformados de la Policía y Ejército Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
