REGIÓN
Indígenas recuperan más de 16 mil hectáreas de territorio ancestral en Meta y Vichada
Los pueblos Sikuani y Piapoco recuperaron su territorio ancestral Florida Kawananae, ubicado entre el municipio de Puerto Gaitán, Meta y Cumaribo, Vichada.
Esto obedece al fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, en la que restablece los derechos territoriales de esta comunidad seminómada sobre un total de 16.035 hectáreas y 250 metros cuadrados.
La decisión responde al trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras al demostrar que la comunidad a lo largo de cuatro décadas ha sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales, perdiendo además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Los Sikuani y Piapoco, antes de este fallo, parecían un pueblo condenado al exterminio.
La sentencia reconoce la calidad de víctima a la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, por los hechos, situaciones, violaciones y afrentas sufridas como son: el desplazamiento, confinamiento (como una forma de abandono y/o despojo forzado de tierras) en el marco del conflicto interno armado.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras el extinto INCORA, en 1968, reservó la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada como zona exclusiva para la ocupación de las comunidades indígenas y con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso que fue favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a las comunidades Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, como resultado de esta decisión parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígena entre los años de 1984 y 2011.
El paso de los años, el interés por la tierra y el control territorial promovió la desaparición forzada de líderes representativos para las comunidades indígenas de la zona, el desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de la comunidad Sikuani y Piapoco.
Posteriormente, para 1970, el Estado promovió la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de las comunidades a las fuentes de agua y de manera simultánea comenzó la expansión de cultivos de uso ilícitos en la zona, aspectos que generaron la colonización de la zona por actores armados ilegales, para ese entonces el Bloque Oriental de las Farc- EP, Frente 16.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que los intereses legales e ilegales buscarán tener control de este territorio en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca, se construyeran pistas de aterrizaje clandestina para uso de las economías ilegales. Además, varios sectores del territorio fueron destinados como fosas comunes.
Los hechos victimizantes se recrudecieron para 1980 con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La forma en que la comunidad Sikuani y Piapoco fue desplazada de su territorio hizo que este fuera ocupado por comunidad no étnica y la forma como se procedió para adquirir el territorio llevó al Tribunal Superior de Bogotá a no reconocer la buena fe exenta de culpa en cuatro casos. Además, determinó la nulidad absoluta de las resoluciones de adjudicación en otros cuatro casos y declaró la inexistencia de acuerdos escritos que transferían los derechos reales de la tierra en cinco casos. Por último, ordenó el cierre inmediato de folios de matrícula en otros seis casos.
Entre las órdenes también se establece la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Indígenas deberán de manera inmediata constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificando a las autoridades tradicionales y de manera paralela instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que adelantar la entrega material del territorio restituido en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo del nivel nacional y el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía de los departamentos del Meta y Vichada. Además, en un trabajo conjunto con la Unidad para las Víctimas implementará el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC).
Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
