META
Gobernador del Meta entregó balance de gestión para acelerar obras de la vía al Llano
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que en un año estará listo el nuevo puente en el sector de Naranjal de la vía Bogotá – Villavicencio, luego de la avalancha del pasado 18 de julio. La Agencia Nacional para la Infraestructura (ANI)y el concesionario, Coviandes, serán los responsables de los diseños, estudios y construcción de la estructura.
De acuerdo con los estudios realizados al puente que resistió el embate de la avalancha, solo requiere de reforzamiento en uno de sus pilotes, por lo que estará listo para poner nuevamente al servicio en tres meses.
A este y otros compromisos, llegó el gobernador del Meta, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la presidente de la ANI, Carolina Barbanti, y la presidente del Invias, Mercedes Gómez Villamarín, entre otros delegados del Gobierno Nacional, en una reunión realizada el martes en Bogotá.
Sobre el kilómetro 58, el gobernador recordó que, en la administración anterior (de Iván Duque), se gestionaron $150.000 millones para la construcción del viaducto sobre el río Negro, sin embargo, en su momento, no atendieron su solicitud de realizar la obra vía Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sino que quedó a cargo de Invías.
A la fecha, la obra tiene un avance del 30%, por lo menos falta un año más para que esté listo, manifestó el gobernador. Frente a las labores de limpieza del tablestacado, y que originó uno de los cierres, la presidenta de la ANI señaló que las realizará el concesionario con recursos de la entidad nacional.
Frente a la inquietud sobre el radar que hay en esta zona del km 58, la funcionaria respondió al Gobernador Zuluaga que se están buscando un mejor sistema de monitoreo de la zona, pues es costoso el funcionamiento de este y no da información en tiempo real.
En relación a los puntos críticos, se acordó una nueva reunión en el que deberán convocarse las corporaciones ambientales, alcaldes de la zona, el concesionario, la ANI y los gobernadores, para definir realmente cuáles y cuántos son, para comenzar a intervenirlos lo más pronto posible, y evitar que se conviertan en un nuevo kilómetro 58.
En este sentido, Zuluaga trajo a colación que el Invias recibió $30.000 millones para la intervención de dos puntos críticos, pero que a la fecha las obras no han empezado.
Según palabras del mandatario, los delegados del Invias le respondieron “que van a hacer todos los ajustes institucionales, para poder atender en enero o febrero del otro año esos recursos en los dos puntos críticos”.
Chirajara, monumento a la desidia
Este fue otro de los temas puestos sobre la mesa por el gobernador, frente a lo que señaló que tanto el gobierno anterior como este, están haciendo oídos sordos a esta situación.
Zuluaga propuso sentarse en una mesa de trabajo con el concesionario, la gobernación de Cundinamarca y la ANI, para revisar y encontrar una solución rápida, pues el arreglo del túnel tardaría más de un año, y hasta el momento no es clara de qué entidad es la responsabilidad.
En octubre se espera el fallo del Tribunal de Arbitramento sobre qué entidad debe intervenir el túnel 13, el cual está fracturado y en necesario repararlo para dar funcionamiento al puente, que todo indica estará listo antes de finalizar este año.
Por último, el gobernador calificó como “una vergüenza” que la Unidad de Gestión con más de $28.000 millones, desde hace un año, no lo haya atendido. En el momento es la ANI la que realiza obras en el puente pues uno de sus pilotes quedó al descubierto por la avalancha.
Sobre la financiación del Tramo 1de la vía al Llano, que va desde El Tablón hasta El Uval, el mandatario aprovechó su encuentro con la presidenta de la ANI, para reiterarle que el mismo no se realice vía peajes, recordándole que su financiación estaba proyectada a través del mecanismo ‘Obras por impuestos’.
Fuente: Gobernación del Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
