META
Gobernador del Meta entregó balance de gestión para acelerar obras de la vía al Llano
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que en un año estará listo el nuevo puente en el sector de Naranjal de la vía Bogotá – Villavicencio, luego de la avalancha del pasado 18 de julio. La Agencia Nacional para la Infraestructura (ANI)y el concesionario, Coviandes, serán los responsables de los diseños, estudios y construcción de la estructura.
De acuerdo con los estudios realizados al puente que resistió el embate de la avalancha, solo requiere de reforzamiento en uno de sus pilotes, por lo que estará listo para poner nuevamente al servicio en tres meses.
A este y otros compromisos, llegó el gobernador del Meta, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la presidente de la ANI, Carolina Barbanti, y la presidente del Invias, Mercedes Gómez Villamarín, entre otros delegados del Gobierno Nacional, en una reunión realizada el martes en Bogotá.
Sobre el kilómetro 58, el gobernador recordó que, en la administración anterior (de Iván Duque), se gestionaron $150.000 millones para la construcción del viaducto sobre el río Negro, sin embargo, en su momento, no atendieron su solicitud de realizar la obra vía Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sino que quedó a cargo de Invías.
A la fecha, la obra tiene un avance del 30%, por lo menos falta un año más para que esté listo, manifestó el gobernador. Frente a las labores de limpieza del tablestacado, y que originó uno de los cierres, la presidenta de la ANI señaló que las realizará el concesionario con recursos de la entidad nacional.
Frente a la inquietud sobre el radar que hay en esta zona del km 58, la funcionaria respondió al Gobernador Zuluaga que se están buscando un mejor sistema de monitoreo de la zona, pues es costoso el funcionamiento de este y no da información en tiempo real.
En relación a los puntos críticos, se acordó una nueva reunión en el que deberán convocarse las corporaciones ambientales, alcaldes de la zona, el concesionario, la ANI y los gobernadores, para definir realmente cuáles y cuántos son, para comenzar a intervenirlos lo más pronto posible, y evitar que se conviertan en un nuevo kilómetro 58.
En este sentido, Zuluaga trajo a colación que el Invias recibió $30.000 millones para la intervención de dos puntos críticos, pero que a la fecha las obras no han empezado.
Según palabras del mandatario, los delegados del Invias le respondieron “que van a hacer todos los ajustes institucionales, para poder atender en enero o febrero del otro año esos recursos en los dos puntos críticos”.
Chirajara, monumento a la desidia
Este fue otro de los temas puestos sobre la mesa por el gobernador, frente a lo que señaló que tanto el gobierno anterior como este, están haciendo oídos sordos a esta situación.
Zuluaga propuso sentarse en una mesa de trabajo con el concesionario, la gobernación de Cundinamarca y la ANI, para revisar y encontrar una solución rápida, pues el arreglo del túnel tardaría más de un año, y hasta el momento no es clara de qué entidad es la responsabilidad.
En octubre se espera el fallo del Tribunal de Arbitramento sobre qué entidad debe intervenir el túnel 13, el cual está fracturado y en necesario repararlo para dar funcionamiento al puente, que todo indica estará listo antes de finalizar este año.
Por último, el gobernador calificó como “una vergüenza” que la Unidad de Gestión con más de $28.000 millones, desde hace un año, no lo haya atendido. En el momento es la ANI la que realiza obras en el puente pues uno de sus pilotes quedó al descubierto por la avalancha.
Sobre la financiación del Tramo 1de la vía al Llano, que va desde El Tablón hasta El Uval, el mandatario aprovechó su encuentro con la presidenta de la ANI, para reiterarle que el mismo no se realice vía peajes, recordándole que su financiación estaba proyectada a través del mecanismo ‘Obras por impuestos’.
Fuente: Gobernación del Meta
META
A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
META
A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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