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Gobernador del Meta entregó balance de gestión para acelerar obras de la vía al Llano
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que en un año estará listo el nuevo puente en el sector de Naranjal de la vía Bogotá – Villavicencio, luego de la avalancha del pasado 18 de julio. La Agencia Nacional para la Infraestructura (ANI)y el concesionario, Coviandes, serán los responsables de los diseños, estudios y construcción de la estructura.
De acuerdo con los estudios realizados al puente que resistió el embate de la avalancha, solo requiere de reforzamiento en uno de sus pilotes, por lo que estará listo para poner nuevamente al servicio en tres meses.
A este y otros compromisos, llegó el gobernador del Meta, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la presidente de la ANI, Carolina Barbanti, y la presidente del Invias, Mercedes Gómez Villamarín, entre otros delegados del Gobierno Nacional, en una reunión realizada el martes en Bogotá.
Sobre el kilómetro 58, el gobernador recordó que, en la administración anterior (de Iván Duque), se gestionaron $150.000 millones para la construcción del viaducto sobre el río Negro, sin embargo, en su momento, no atendieron su solicitud de realizar la obra vía Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sino que quedó a cargo de Invías.
A la fecha, la obra tiene un avance del 30%, por lo menos falta un año más para que esté listo, manifestó el gobernador. Frente a las labores de limpieza del tablestacado, y que originó uno de los cierres, la presidenta de la ANI señaló que las realizará el concesionario con recursos de la entidad nacional.
Frente a la inquietud sobre el radar que hay en esta zona del km 58, la funcionaria respondió al Gobernador Zuluaga que se están buscando un mejor sistema de monitoreo de la zona, pues es costoso el funcionamiento de este y no da información en tiempo real.
En relación a los puntos críticos, se acordó una nueva reunión en el que deberán convocarse las corporaciones ambientales, alcaldes de la zona, el concesionario, la ANI y los gobernadores, para definir realmente cuáles y cuántos son, para comenzar a intervenirlos lo más pronto posible, y evitar que se conviertan en un nuevo kilómetro 58.
En este sentido, Zuluaga trajo a colación que el Invias recibió $30.000 millones para la intervención de dos puntos críticos, pero que a la fecha las obras no han empezado.
Según palabras del mandatario, los delegados del Invias le respondieron “que van a hacer todos los ajustes institucionales, para poder atender en enero o febrero del otro año esos recursos en los dos puntos críticos”.
Chirajara, monumento a la desidia
Este fue otro de los temas puestos sobre la mesa por el gobernador, frente a lo que señaló que tanto el gobierno anterior como este, están haciendo oídos sordos a esta situación.
Zuluaga propuso sentarse en una mesa de trabajo con el concesionario, la gobernación de Cundinamarca y la ANI, para revisar y encontrar una solución rápida, pues el arreglo del túnel tardaría más de un año, y hasta el momento no es clara de qué entidad es la responsabilidad.
En octubre se espera el fallo del Tribunal de Arbitramento sobre qué entidad debe intervenir el túnel 13, el cual está fracturado y en necesario repararlo para dar funcionamiento al puente, que todo indica estará listo antes de finalizar este año.
Por último, el gobernador calificó como “una vergüenza” que la Unidad de Gestión con más de $28.000 millones, desde hace un año, no lo haya atendido. En el momento es la ANI la que realiza obras en el puente pues uno de sus pilotes quedó al descubierto por la avalancha.
Sobre la financiación del Tramo 1de la vía al Llano, que va desde El Tablón hasta El Uval, el mandatario aprovechó su encuentro con la presidenta de la ANI, para reiterarle que el mismo no se realice vía peajes, recordándole que su financiación estaba proyectada a través del mecanismo ‘Obras por impuestos’.
Fuente: Gobernación del Meta
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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