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DIJIN entregó detalles del operativo donde fue abatido alias “Cordillera” en el Meta
Autoridades llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro con fines de captura en la que fue abatido Emilton Julio Aguilar, alias “Cordillera”, cabecilla principal de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia conocido como Clan del Golfo.
Investigadores y comandos de la DIJIN, lograron dar con la ubicación de alias “Cordillera”, en un hotel ubicado en la Vereda San Miguel de Pescadero del municipio de Puerto Gaitán – Meta, donde se había ocultado cuando pretendía desplazarse hacia el departamento de Casanare.
Durante el procedimiento policial alias “Cordillera”, se resistió a la captura, atacando a los uniformados con el lanzamiento de una granada de fragmentación, que al detonar causó lesiones a un adolescente y a dos de los investigadores, hechos en los que fue abatido por parte de los comandos este cabecilla.
Prontuario delictivo
Alias “Cordillera” inició su vida criminal a sus 21 años de edad, sumando más de 25 años de actividad delincuencial en los que habría asumido cargos de importancia en varias bandas criminales, donde logró relacionarse con el hoy extraditado alias “Otoniel” y el actual máximo cabecilla del estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Chiquito Malo”.
Emilton Julio Aguilar, ingresó en el año de 1998 a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el bloque Héroes de los Llanos y Guaviare, donde militó con ‘Dairo Antonio Úsuga David’; en 2006 participó en el programa de desmovilización, pero poco tiempo después continuó su trayectoria criminal, hasta que en el año 2015 fue capturado por los delitos de secuestro simple y homicidio, siendo recluido en el centro carcelario del Espinal (Tolima), en el año 2018 recobró su libertad y continuó con su actividad criminal en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
En el año 2019 lo incluyeron en el cartel de los más buscados por la Policía Nacional, donde lo catalogaron como uno de los hombres más peligrosos de esta zona del país junto con Nelson Darío Hurtado Simanca, alias “Marihuano”, quien era el segundo cabecilla del Clan del Golfo y mano derecha de “Otoniel” para la fecha.
Con el propósito de evadir a la fuerza pública, alias “cordillera” fue enviado a los Llanos Orientales para asumir cargos de relevancia en la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, inicialmente, como encargado del componente financiero, luego como cabecilla de zona y en septiembre del 2022 asumió como cabecilla principal de la subestructura.
“Cordillera”, lideraba actividades criminales tales como, homicidio, narcotráfico y extorsión al gremio agrícola, ganadero y comerciantes en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada, desde allí, coordinaba el control de rutas de narcotráfico en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Esta persona se encontraba inmersa en varias investigaciones por la ocurrencia de 12 homicidios; así mismo, dentro del proceso investigativo se logró conocer que “Cordillera” tenía bajo su mando 204 integrantes, entre ellos 167 del componente criminal focalizado y 37 del componente armado.
Más detalles del operativo
Los uniformados lesionados y el adolescente recibieron atención médica inmediata, fueron extraídos en un helicóptero de la Fuerza Aérea y llevados a la ciudad de Villavicencio donde se espera el parte médico.
Durante el operativo policial, se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola y un proveedor con munición calibre 9 milímetros.
Con el resultado de esta operación se afecta el enlace criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, frente a las actividades criminales ordenadas por el estado mayor, al igual que la pérdida de articulación para el control de rutas del narcotráfico hacia Venezuela.
Fuente: Dirección de Investigación Criminal de Policía – DIJIN
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
