META
Justicia ordena compensar a familia que fue obligada a abandonar su predio en Vistahermosa
La familia que fue desplazada por la violencia del casco urbano de Vistahermosa, Meta, está integrada por una pareja y sus dos hijos y fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 158 metros cuadrados.
En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensar a sus miembros con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan; mientras que la mujer que ocupa actualmente el predio, fue reconocida como segundo ocupante y continuará habitándolo.
En el año 2000, los esposos adquirieron la casa lote a la cual le realizaron unas mejoras. El jefe del hogar se dedicaba a hacer acarreos y a transportar personas a las veredas, por lo que en algunas ocasiones se vio obligado a movilizar a guerrilleros, y a la postre, tras la llegada de los paramilitares, ocasionó que fuera tildado de auxiliador de las FARC-EP y conminado por alias “Rolando” a abandonar el municipio.
Luego de huir hacia Villavicencio, para salvaguardar sus vidas y con el paso del tiempo, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que sus integrantes fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, los miembros de la familia beneficiada con la sentencia, manifestaron que no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Así las cosas, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.
En el fallo, además, se reconoce la condición de segundo ocupante a una mujer cabeza de hogar, quien llegó a vivir con sus hijos al predio deshabitado y después lo adquirió mediante carta venta de la alcaldía municipal. El juez consideró que se
trata de una persona vulnerable que también es víctima de violencia y, por lo tanto, continuará viviendo allí.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
