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Justicia ordena compensar a familia que fue obligada a abandonar su predio en Vistahermosa
La familia que fue desplazada por la violencia del casco urbano de Vistahermosa, Meta, está integrada por una pareja y sus dos hijos y fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 158 metros cuadrados.
En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensar a sus miembros con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan; mientras que la mujer que ocupa actualmente el predio, fue reconocida como segundo ocupante y continuará habitándolo.
En el año 2000, los esposos adquirieron la casa lote a la cual le realizaron unas mejoras. El jefe del hogar se dedicaba a hacer acarreos y a transportar personas a las veredas, por lo que en algunas ocasiones se vio obligado a movilizar a guerrilleros, y a la postre, tras la llegada de los paramilitares, ocasionó que fuera tildado de auxiliador de las FARC-EP y conminado por alias “Rolando” a abandonar el municipio.
Luego de huir hacia Villavicencio, para salvaguardar sus vidas y con el paso del tiempo, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que sus integrantes fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, los miembros de la familia beneficiada con la sentencia, manifestaron que no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Así las cosas, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.
En el fallo, además, se reconoce la condición de segundo ocupante a una mujer cabeza de hogar, quien llegó a vivir con sus hijos al predio deshabitado y después lo adquirió mediante carta venta de la alcaldía municipal. El juez consideró que se
trata de una persona vulnerable que también es víctima de violencia y, por lo tanto, continuará viviendo allí.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
