ARAUCA
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 8 años a exgobernador de Arauca y dos integrantes de su gabinete
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años al ex gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, por sobrecostos en un contrato para la prestación del Programa de Alimentación Escolar PAE, por más de $ 8.600 millones.
La decisión también cobija al entonces gerente de contratación del departamento, Édgar Alfonso Cadena Díaz, y a la exsecretaria de educación ad hoc, Norma Cecilia Cabrera Pérez.
El exmandatario departamental suscribió el contrato de prestación de servicios 174 de 2016 con sobrecostos los cuales se prolongaron durante la ejecución del contrato, el cual fue adicionado en valor y en plazo de ejecución en enero de 2017.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales señaló que existió una variación real del precio de la ración para el almuerzo equivalente al 53,74 %, esto es $ 1.181,77 por almuerzo, y para el complemento alimentario jornada mañana/tarde fue del 13,23 %, es decir $ 271,98 por complemento.
La Gobernación para determinar el presupuesto oficial del contrato aplicó al costo total de la ración, establecido en 2016 (contrato referente), un incremento del 10.85 % correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el segmento de los alimentos, cuando el valor de la ración involucra otros componentes de costo diferente a alimentos.
El ente de control también sancionó al exservidor Édgar Alfonso Cadena, quien habría viabilizado y permitido el citado contrato de prestación de servicios en las condiciones ya señaladas.
Por último, la Procuraduría encontró responsable a la entonces Secretaria de Educación ad hoc, quien gestionó y tramitó los dos adicionales del tiempo de ejecución y una adición del valor por más de $ 4.300 millones a este bilateral.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la conductas de los sancionados como falta gravísima a título de culpa gravísima.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
ARAUCA
Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).
Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.
Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.
Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.
En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.
