ARAUCA
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 8 años a exgobernador de Arauca y dos integrantes de su gabinete
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años al ex gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, por sobrecostos en un contrato para la prestación del Programa de Alimentación Escolar PAE, por más de $ 8.600 millones.
La decisión también cobija al entonces gerente de contratación del departamento, Édgar Alfonso Cadena Díaz, y a la exsecretaria de educación ad hoc, Norma Cecilia Cabrera Pérez.
El exmandatario departamental suscribió el contrato de prestación de servicios 174 de 2016 con sobrecostos los cuales se prolongaron durante la ejecución del contrato, el cual fue adicionado en valor y en plazo de ejecución en enero de 2017.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales señaló que existió una variación real del precio de la ración para el almuerzo equivalente al 53,74 %, esto es $ 1.181,77 por almuerzo, y para el complemento alimentario jornada mañana/tarde fue del 13,23 %, es decir $ 271,98 por complemento.
La Gobernación para determinar el presupuesto oficial del contrato aplicó al costo total de la ración, establecido en 2016 (contrato referente), un incremento del 10.85 % correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el segmento de los alimentos, cuando el valor de la ración involucra otros componentes de costo diferente a alimentos.
El ente de control también sancionó al exservidor Édgar Alfonso Cadena, quien habría viabilizado y permitido el citado contrato de prestación de servicios en las condiciones ya señaladas.
Por último, la Procuraduría encontró responsable a la entonces Secretaria de Educación ad hoc, quien gestionó y tramitó los dos adicionales del tiempo de ejecución y una adición del valor por más de $ 4.300 millones a este bilateral.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la conductas de los sancionados como falta gravísima a título de culpa gravísima.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
