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Capturados 12 integrantes del grupo delincuencial “Los Juanitos” que delinque en el Meta
Autoridades lograron materializar la captura por orden judicial de doce personas, presuntamente integrantes del Grupo Delincuencia Común Organizado ‘Los Juanitos’, buscadas por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y terrorismo.
Este operativo se desarrolló de manera simultánea en los municipios de Cúcuta, (Norte de Santander) y Villavicencio, San Martín, Puerto Gaitán y Granada en el departamento del Meta, donde fueron capturados los actores criminales conocidos en el ambiente criminal como: ‘Chiqui’, ‘Steven’, ‘Cejas’, ‘Cusumbo’, ‘Torrelón’, ‘Diecinueve’, ‘Enano’, ‘Flaco’, ‘Manotas’, ‘Karen’, ‘Aleja’ y ‘Mercedes’.
‘Los Juanitos’, liderada por los hermanos Quintero Poveda, conocidos con los alias de ‘Juanito’, ‘Meneo’ y ‘Yordy’, actualmente recluidos en centros penitenciarios; sin embargo, mediante llamadas telefónicas realizadas desde las cárceles continúan su actuar criminal a través de la extorsión con apoyo de sus demás integrantes.
Modus Operandi
Su injerencia de operaciones se centra en los municipios de San Martín, Acacías, Granada y Puerto Lleras (Meta) contra comerciantes, agricultores y ganaderos a quienes les exigen mediante amenazas pagos económicos que oscilan entre los cinco y cincuenta millones de pesos a cambio de permitirles continuar con su actividad económica y de no atentar contra la integridad personal, familiar o de sus trabajadores.
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Esta estructura delincuencial común organizada para generar mayor intimidación, se identificaba como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y como medida de presión, realizaban lanzamiento de artefactos explosivos y disparos a establecimientos comerciales.
Capturados sicarios de “Los Juanitos”
Dentro de los hoy capturados, se encuentra los sujetos señalados de comer las acciones de sicariato; alias ‘Cusumbo’, ‘El Flaco’, ‘Torrelón’ y ‘Enano’, quienes eran los encargados de realizar los atentados contra las víctimas que se negaban a pagar las exigencias económicas.
Los demás integrantes de esta estructura criminal estarían encargados de recopilar información de las víctimas, abordarlas y pedir los números telefónicos; así mismo, de realizar los cobros que eran consignados a sus cuentas bancarias producto de las exacciones que realizaban a los agricultores y ganaderos.
Los capturados entre los que se encuentran nueve hombres y tres mujeres entre los 19 y 55 años de edad, fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía No. 03 Especializada ante el GAULA, donde deberán responder judicial y penalmente por los delitos descritos.
Fuente: Policía Meta
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.


