META
En lo corrido del año 98 personas han muerto en accidentes de tránsito en el Meta
Durante su presentación ante la Asamblea, el director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, Jorge Plata, abordó la problemática de la siniestralidad vial y se analizaron las causas hipotéticas que están dejando lesionados y fallecidos en las vías del Meta.
En lo corrido del año, 98 personas han perdido la vida en siniestros viales en el departamento del Meta, a corte del 30 de abril de 2023, según reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; mientras tanto han resultado lesionadas 213 personas, 26.79% más que el año 2022; los motociclistas siguen siendo el actor vial que más se lesiona o fallece en siniestros viales.
Como acción que el gobierno Departamental realiza a través del Instituto de Tránsito y Transporte, para contrarrestar esta problemática, se resaltan las jornadas de sensibilización en seguridad vial de los agentes de tránsito del Departamento en los municipios donde tienen jurisdicción. Estos funcionarios también realizan controles operativos para sancionar a quienes no cumplan con las normas de tránsito, fundamentalmente, quienes se movilicen en motocicleta sin usar el casco, siendo este el elemento principal para su protección.
Estas son algunas acciones que previenen las lesiones de gravedad e incluso el fallecimiento de los actores vales, sin embargo, Jorge Plata se refirió a algunas personas que no permiten que se realicen estas labores de prevención y control.
Entre otras acciones expuestas a la duma Departamental, están: las señalizaciones a los municipios priorizados (San Juanito y Cubarral); la entrega de los Planes Locales de Seguridad Vial a los municipios de Restrepo, Guamal, Cabuyaro, San Martín; las sensibilizaciones a 7.506 actores viales en Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, Puerto Gaitán y San Martín; actividades de promoción del transporte sostenible como la bicicleta; capacitaciones a las autoridades locales sobre la Política Pública de Seguridad Vial.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los alcaldes y ciudadanos para que aporten a la seguridad vial del Departamento, participando de las actividades del Instituto de Tránsito, permitiendo la realización de las mismas y, además, respetando a las autoridades de tránsito que velan por la vida e integridad de los ciudadanos en las vías.
Fuente:
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
