REGIÓN
Detectan hallazgos fiscales en obras de tres aeropuertos de la Orinoquia
Avanza la Actuación Especial de Fiscalización que realiza la Contraloría General de la República a la Aerocivil desde noviembre de 2022.
Estos hallazgos están relacionados con el diseño, construcción e interventoría de Obras en los Aeropuertos de Villavicencio, Ibagué, San Andrés, Pasto, Puerto Carreño y Yopal.
Con esta Actuación, que está siendo ejecutada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se evalúa la gestión de los recursos públicos por parte de la Aerocivil durante las vigencias 2018 al primer semestre de 2022, en atención a presuntas irregularidades denunciadas por ciudadanos y medios de comunicación.
A continuación, se presentan algunos detalles de los primeros resultados de esta Actuación Especial de Fiscalización a la Aerocivil:
Aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño
Hallazgo Nro. 8 Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal
“Obras inconclusas de la Terminal de pasajeros del Aeropuerto Germán Olano”.
Las obras contempladas en el alcance inicial del Contrato Nro. 18001550-H3 resultaron insuficientes para poder terminar y poner en servicio la Terminal de pasajeros del Aeropuerto de Puerto Carreño, lo cual ha ocasionado que la obra esté paralizada e inconclusa, generando un detrimento por $32.858 millones.
Aeropuerto El Alcaraván de Yopal
Hallazgo Nro. 9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal
“Disponibilidad de predios–Contrato de Obra 21000849 H4 de 2021 Aeropuerto Alcaraván de Yopal”.
Para la ejecución del Contrato de Obra Nro. 21000849 H4 de 2021, cuyo objeto incluía “La construcción de tramo de la vía calle 46, calle salida rápida de la base SEI y mantenimiento lado aire y lado tierra del Aeropuerto el Alcaraván de Yopal”, la Aerocivil no contaba con la disponibilidad de los predios necesarios que permitiera cumplir con el alcance previsto en relación con la construcción del tramo de vía calle 46, por lo cual, este componente de obra ejecutado de manera parcial hoy está inconcluso y no es funcional.
Por esta situación se genera un detrimento al patrimonio público en cuantía de $166 millones, correspondiente al valor pagado por la construcción de los escasos 50 metros de vía que hoy no son funcionales ni prestan el servicio previsto en el objeto contractual.
Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
Hallazgo Nro. 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal
“Vencimiento del plazo contractual sin terminación de las obras e Infraestructura aeroportuaria hasta ahora construida que no es funcional, Contrato de obra 20001200 H4 de 2020”.
Se presentó un continuo atraso en el desarrollo del contrato de obra, tanto en la etapa de estudios y diseños como en la de ejecución. El 15 de diciembre de 2022 finalizó el plazo de ejecución del Contrato 20001200 H4 de 2020, sin que el contratista cumpliera con el objeto contractual y culminara las obras, ocasionando que estén paralizadas, no son funcionales ni útiles en su estado actual, por lo que se constituyen en un daño patrimonial por $14.644 millones.
Hallazgo Nro. 2. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria
“Inadecuada Planeación del proyecto y entrega de productos de estudios y diseños en referencia al Contrato de obra 20001200 H4 de 2020”.
Se identificaron deficiencias en la fase de planeación y/o estructuración del proyecto, toda vez que la Entidad no contaba con estudios y diseños previos, por lo menos a nivel de prefactibilidad, que le permitieran determinar adecuadamente el presupuesto oficial de las obras y el correspondiente alcance de las mismas, principalmente en lo relativo a establecer los recursos requeridos para su ejecución y así poder establecer la viabilidad económica del mismo.
Adicionalmente, durante la ejecución del contrato, los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual no fueron entregados formalmente a la Entidad conforme a lo establecido en el Contrato y en las especificaciones técnicas, toda vez que no se encontraban debidamente firmados por los especialistas del contratista ni con el correspondiente aval de interventoría.
Hallazgo Nro. 3. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria
“Deficiente estructuración y ejecución del Contrato de obra 20001199 H4 de 2020”.
Se identificaron falencias en la etapa de estructuración del proceso contractual, toda vez que la Entidad adelantó la contratación de las obras sin contar con la disponibilidad de un predio requerido para su construcción, en donde se encontraba funcionando un hangar que tenía vigente un contrato de arrendamiento.
Pese a ser una contratación realizada en el año 2020, a 15 de febrero de 2023 todavía no se tenía la disponibilidad efectiva del predio requerido para la construcción total de las obras y el cumplimiento del objeto contractual. Además, se evidenciaron atrasos en la ejecución de actividades a cargo del contratista.
Fuente:
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
