META
Tres familias de El Dorado iniciarán proyectos productivos en tierras restituidas
Las familias Rodríguez, Gutiérrez y Albino, se convertirán en productores protagonistas de la ‘potencia agroalimentaria para la vida’, con la asesoría de la Unidad de Restitución de Tierras.
Como complemento a su reparación integral, la entidad les entregó los recursos necesarios para la implementación y puesta en marcha de sus proyectos productivos en terrenos restituidos del municipio de El Dorado, Meta.
En conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Paula Andrea Villa, directora de la URT en Meta, hizo entrega simbólica de los cheques a cada uno de los beneficiarios por valor de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes (S.M.L.V.), y destacó que además de estos incentivos, la Unidad les asegura acompañamiento técnico integral hasta por 24 meses por parte del equipo de profesionales de proyectos productivos y les garantizará la comercialización de sus cosechas y productos, con el fin de que alcancen una vida productiva.
La familia Rodríguez, que recuperó el predio “Paraguay”, recibió $39.250.000 que destinará a la compra de 16 novillas y un toro, para su proyecto de ganadería en sistema silvopastoril, al igual que gallinas ponedoras, insumos y concentrados como componente de seguridad alimentaria.
Los Gutiérrez, propietarios del predio restituido “Mirallano”, ubicado en la vereda San Pedro, recibieron $36.240.000 que usarán para el cultivo de dos hectáreas de café de la variedad Castilla, además, construirán una bodega con techo, comprarán insumos, abonos, herramientas y pagarán mano de obra. Como componente de seguridad alimentaria recibirán gallinas ponedoras.
La familia Albino, propietaria del predio “La Florida”, destinará $39.938.950 a la compra de 12 novillos, la construcción de una bodega, el suministro de abonos, la compra de herramientas y el pago de mano de obra, y como componente de seguridad alimentaria recibirá gallinas ponedoras.
El acto de entrega de estos desembolsos se llevó a cabo en el predio restituido El Merey, con la presencia de delegados de la Gobernación del Meta, la alcaldía de El Dorado, la Personería Municipal, y el acompañamiento de la Policía Nacional y de tropas del Batallón de Ingenieros No 7 “Carlos Albán” del Ejército Nacional.
La política de restitución de tierras del Gobierno Nacional enmarcada dentro de la la línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo para convertir a Colombia en potencia mundial agroalimentaria para la vida, permite que el beneficiario pueda retornar al campo en condiciones que garanticen su estabilidad socioeconómica. Con este propósito, más de 100 familias restituidas del Meta, han sido atendidas con proyectos productivos con una inversión cercana a los 2 mil 900 millones de pesos, en líneas como ganadería, porcicultura, y cultivos de cacao, aguacate, plátano y cítricos, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
