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Víctimas de la guerrilla de las Farc-EP recuperaron por vía judicial terrenos en La Macarena

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Dos predios ubicados en zona rural de La Macarena y que fueron abandonados por presión de la guerrilla, quedaron en manos de sus legítimos dueños.

Colaboradores de la Dirección Territorial Meta de la URT acompañados del Juez Promiscuo Municipal y de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra1) del Ejército Nacional, realizaron la entrega material de las 110 hectáreas a la familia beneficiaria en cumplimiento de la sentencia proferida por un Juzgado del Circuito Especializado de Villavicencio.

En 1998, estas tierras fueron adjudicadas por el extinto Incoder a la pareja de esposos quienes se dedicaron a la ganadería y a cultivos de árboles maderables y frutales, de los cuales derivaban su sustento. Aunque los pobladores convivían con la presencia de los frentes 7, 40 y 42 de las Farc-Ep; los problemas para esta familia se agudizaron en 2002, una vez se acabó la zona de despeje, debido a que por su condición de comerciantes fueron tildados de auxiliadores de los paramilitares e incluidos en un listado para ser asesinados por la guerrilla.

Los integrantes de la familia se salvaron milagrosamente tras ser escoltados por el Ejército para salir de la zona. Luego, con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, acudieron a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia.

En el fallo, el juez ordenó a varias entidades del Estado el acompañamiento a este núcleo familiar para que acceda a la reparación integral, lo que significa que recibirán beneficios, subsidio de vivienda, asesoría técnica, condonación de deudas por concepto de impuesto predial, y un proyecto productivo para garantizar su seguridad alimentaria, entre otros.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Advierten pasos alternos en el puente sobre el río Upía por labores de mantenimiento

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Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.

Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.

Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.

Fuente: Covioriente

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Asociación afrometense en Castilla La Nueva adquirió tierras con recursos de regalías

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Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.

En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.

La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.

El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.

Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.

Fuente: Gobernación del Meta

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Anuncian pago de recompensas para enfrentar la delincuencia en la región del Ariari

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Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.

Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.

Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.

Fuente: Gobernación del Meta

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