META
Meta integrará Econova, nueva red de innovación abierta de Ecopetrol
El Grupo Ecopetrol anunció la creación de Econova, una red de innovación abierta conformada por cinco centros regionales donde empresas, instituciones académicas y emprendedores, desarrollarán y ejecutarán ideas disruptivas para avanzar en la transición energética, la descarbonización y la conservación de la biodiversidad, entre otros retos.
La red de innovación abierta invertirá más de US$18 millones (cerca de COP$89 mil millones de pesos) entre el 2023 y el 2025 para la construcción y dotación de los cinco centros regionales, cada uno con un foco de trabajo específico.
Econova Bogotá, que funciona desde el 2019, se encargará de las tecnologías de la quinta revolución industrial; Econova Santander, que fue abierto en el 2020 trabajará alrededor de las temáticas de descarbonización; en el Caribe el centro comenzará actividades en Cartagena en las próximas semanas y tendrá a su cargo iniciativas sobre transición energética e hidrógeno.
Econova Antioquia, que estará situado en Medellín, abordará proyectos de energía eléctrica una vez inicie actividades en el cuarto trimestre del 2023; y Econova Meta, que abrirá sus puertas en Villavicencio durante el tercer trimestre de este año, se enfocará en SosTECnibilidad® y biodiversidad.
El Instituto Colombiano del Petróleo – ICP, ubicado en Piedecuesta (Santander), tendrá un rol protagónico en esta red. Cuenta con una capacidad única en el país, talento e infraestructura tecnológica y científica altamente especializado es el gran articulador. El instituto liderará y orientará las investigaciones para la transición energética y la industria, aprovechando el conocimiento de sus más de 200 investigadores que integran 40 áreas experimentales.
Cada uno de los Econova tendrá una red de aliados para potenciar su capacidad, entre los que se encuentran cámaras de comercio, instituciones académicas, empresarios, gremios, representantes de los entes gubernamentales, estudiantes y comunidad en general, que constituirán una oferta de actividades para desarrollar emprendimientos de origen
tecnológico. Con el propósito de incrementar su alcance territorial, esta apuesta también tiene previsto estrechar alianzas estratégicas con centros de innovación y desarrollo tecnológico de ecosistemas CT+i como el del Valle del Cauca y de otras regiones de Colombia como La Guajira, Huila, Putumayo y Amazonas, entre otras.
Ciencia, Innovación y Tecnología, en el corazón de Ecopetrol
En los últimos cuatro años Ecopetrol ha invertido alrededor de US$80 millones anuales en proyectos de ciencia, tecnología y la innovación (CT+i). Esto ha permitido capturar más de US$1.860 millones de beneficios generados a la fecha y 124 patentes otorgadas vigentes (16 de ellas en 2022). Para el ecosistema CT+i a nivel nacional, a través de Misión de Sabios, la apuesta asciende a COP$74 mil millones. Para el 2023, la inversión en el frente de CT+i ascenderá a más de US$90 millones.
Los programas de innovación abierta de Ecopetrol han permitido la captura de más de 100 retos en todos los segmentos del Grupo Ecopetrol, esto incluye 21 pilotos iniciados y 14 finalizados. En el 2022 a través de los programas de innovación abierta se destinaron COP$2.500 millones para consolidar soluciones tecnológicas en Colombia y alrededor de US$500 mil para impulsar tecnología de última generación a nivel internacional.
Así mismo, estas iniciativas generaron 61 empleos en el país y beneficiaron a más de 120 organizaciones, entre empresas, universidades, alianzas y centros de desarrollo.
Fuente: Ecopetrol
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
