META
MinJusticia llega a Villavicencio para recibir propuestas al Plan Nacional de Desarrollo
A pocas horas de iniciar el Diálogo Regional Vinculante de mañana martes a las 8:00 a. m. en el Parque de la Vida (Cofrem Calle 33ª #16ª-27) en la ciudad de Villavicencio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) recordó a los llaneros la importancia de participar en el encuentro y presentar proyectos que promuevan y aceleren el desarrollo social, económico y cultural de la región y el país.
El director del DNP, Jorge Iván González, explicó que la entidad es la encargada de sistematizar, organizar y analizar cada una de las propuestas de los colombianos y las colombianas e incluirlas en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Por tal razón, hizo un llamado a los llaneros a que propongan soluciones que reduzcan los altos niveles de pobreza, mejore la calidad de la educación e infraestructura en el departamento.
De hecho, el funcionario pidió a los líderes y lideresas, integrantes de organizaciones sociales, jóvenes, estudiantes, emprendedores y empresarios, trabajadores, miembros de juntas de acción comunal y comunidad en general, pensar en grandes estrategias, en proyectos con una mirada a 20 años. “Si logramos este objetivo, presentaremos un Plan Nacional de Desarrollo riguroso en beneficio de todo el país y sus regiones”, dijo.
Y agregó: “Nosotros recibiremos con mucha satisfacción las dos o tres páginas que ustedes nos entreguen con sus propuestas. Estén absolutamente seguros de que nosotros las organizamos, las sistematizamos y tratamos, en la medida de lo posible, para que esas páginas puedan reflejar aspectos fundamentales de la trasformación económica del país”.
Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, quien llegará a Villavicencio para presidir la realización de los diálogos, explicó: “Estos espacios tienen como objetivo convertir los intereses locales en proyectos estratégicos dentro de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuyas bases estarán inspiradas en las propuestas entregadas por los colombianos y las colombianas en cada uno de los Diálogos Regionales Vinculantes. Esta vez, los llaneros tiene la palabra”.
El ministro invitó, especialmente, a los habitantes de los municipios de Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Uribe, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, San Martín, Villavicencio, y Vistahermosa. Así mismo, a los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá en Cundinamarca, a participar activamente en la jornada.
Los interesados pueden inscribirse en la página web del Departamento Nacional de Planeación (www.dnp.gov..co) y en la del Ministerio de Justicia (www.minjusticia.gov.co). El registro presencial se hará este martes en el Parque de la Vida – Cofrem- a partir de las 8:00 a. m. Solo es necesario presentar el documento de identidad.
Las temáticas de los diálogos
Los temas generales en los que los llaneros pueden participar y presentar sus propuestas son cinco: el ordenamiento territorial hacia la paz (¿cómo integrar los Planes de Ordenamiento Territorial entre las regiones?, ¿cómo conseguir el fin de la economía ilegal?, ¿cómo garantizar el derecho de propiedad a la tierra?).
El segundo tema es la seguridad humana y la justicia social (¿cómo fortalecer la seguridad física?, ¿cómo garantizar la seguridad social en salud, educación, empleo?).
El tercero es sobre soberanía alimentaria (¿cómo modernizar el sector agropecuario?, ¿cómo desarrollar vías terciarias?, ¿cómo lograr el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la modernización de la agricultura?, ¿cómo evitar la concentración de la tierra?).
El cuarto tema es la transición energética y crecimiento verde con Justicia Ambiental (¿cómo generar una mayor economía verde y reducir la dependencia del petróleo y los minerales?).
El quinto es convergencia social – regional (¿cómo lograr que las brechas socioeconómicas entre las regiones se eliminen?).
¿Cómo inscribirse de forma virtual?
1.- Ingrese a www.dnp.gov.co y dé clic en la imagen Diálogos Regionales Vinculantes.
2.- Dé clic en la barra en blanco para desplegar el listado de los Diálogos con inscripción habilitada.
3.- Busque el diálogo en el que desea participar
4.- Dé clic en “Inscribirse”.
5.- Llene el formulario de registro. Importante seleccionar la temática en la que desea participar.
6.- Dé clic en “Enviar”
Fuente: Ministerio de Justicia
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
