En comunicación con el alcalde Puerto Concordia, Mirto Elio Urrea, fue informada la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, sobre la captura del feminicida de Rosmery Aracely Ninera, ocurrido en el municipio de Puerto Concordia, el pasado 29 de abril.

De acuerdo a la conversación la captura de Ronald Alexander Jiménez Perez, se dio en Barinas, Venezuela, a través de la Interpol, por lo que las autoridades de ambos países, ya están en coordinación para su imputación.

Durante el dialogo el alcalde le trasmitió a la gobernadora el agradecimiento de la familia de la señora, por el apoyo para dar cristiana sepultura en Venezuela, teniendo en cuenta que este es su país de origen, a lo que la mandataria de respondió “alcalde, usted sabe que estamos de la mano para trabajar con usted, y ante estos casos, mi solidaridad y todo mi esfuerzo para que podamos capturarlos, también para que a la familia se le acompañe en un proceso tan difícil como este”.

Este caso, sería el segundo feminicidio en presentarse en lo que va del año en el departamento. Ante estos hechos, la gobernadora ha sido clara en su mensaje a todas las mujeres del departamento en el sentido de denunciar el maltrato, las amenazas y todo acto que ponga en riesgo sus vidas.

Fuente: Gobernación del Meta

Una viuda y sus siete hijos, integrantes de una familia víctima del despojo de su predio de 262 hectáreas y 5.597 metros cuadrados, ubicado en zona rural de Puerto Rico, Meta, será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), según lo contempla un fallo proferido por Tribunal Superior de Bogotá.

Desde 1968, una pareja de esposos residió en el predio y, posteriormente, en 1991 les fue adjudicado por el entonces Incora, tras haberlo explotado económicamente con cultivos de plátano, maíz, yuca y arroz, además de la cría de cerdos.

La violencia se agudizó en la zona, tanto así que el jefe del hogar falleció en extrañas circunstancias, tras recibir amenazas por parte de alias “Adriano”, un comandante guerrillero que había ordenado el reclutamiento de los hijos de la pareja. Además, había prohibido a la familia continuar la explotación económica del predio.

Trascurría el año 1992. Luego de la trágica muerte de su esposo y ante las constantes amenazas la guerrilla de las Farc, la mujer se vio obligada a desplazarse a otro municipio y a vender el predio por $15 millones de pesos. Con el paso del tiempo, el comprador del predio lo vendió a una sociedad, la cual argumentó que adquirió la propiedad de manera lícita y que no está vinculada con grupos al margen de la ley ni con hechos de despojo.

El director territorial de la URT en Meta, César Santoyo, indicó que gracias a la Ley 1448 de 2011, la familia víctima presentó la solicitud ante la Unidad, para que ejerciera su representación judicial. Así se logró que la justicia emitiera sentencia a favor de los reclamantes.

En el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, se ordena a la URT que aplique la compensación como medida reparadora a la familia despojada: la viuda recibirá el equivalente al 50% del predio, y los hijos o herederos el 50% restante. Entre tanto, el opositor demostró la buena fe exenta de culpa, porque adquirió el bien de manera lícita.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

La Policía logró la captura de cuatro presuntos integrantes del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, señalados de ser extorsionistas de esa subestructura del Estado Mayor Central.

Los detenidos, tres hombres y una mujer, fueron interceptados en el barrio Belén, del municipio de Granada.

En esa operación fue capturado, en flagrancia, Edwin Alexander García Quitián, conocido como alias “Jerry”, quien fue interceptado mientras transportaba una granada de fragmentación.

Posteriormente, en un hotel ubicado en el barrio Centro, se llevó a cabo la detención de dos hombres y una mujer, quienes fueron encontrados con propaganda de las Farc, y una libreta con información de comerciantes y un posible artefacto explosivo improvisado.

Estas cuatro personas están vinculadas a la investigación por su presunta participación en los atentados ocurridos en las últimas semanas en los municipios de Villavicencio y Granada, donde locales comerciales han sido atacados, al parecer, por hechos de extorsión.

Durante el procedimiento, se realizó la incautación de una granada de fragmentación IM26, cuatro artefactos explosivos improvisados, 13 panfletos extorsivos y una libreta que contenía el directorio telefónico de comerciantes.

Estos individuos podrían estar implicados como presuntos autores materiales del lanzamiento de una granada de fragmentación en el mes de abril contra los establecimientos comerciales La Ley del Monte y Distribuciones Monterrey, en el municipio de Granada.

Fuente: Gobernación del Meta