ARAUCA
En Arauca escasean combustibles tras caída del puente sobre el río Ariporo
La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, ha sostenido una serie de gestiones ante el gobierno nacional, el departamento de Casanare y la empresa Terpel, para que se pueda abastecer de combustible este territorio.
Esto ante la dificultad que radica en el daño al puente sobre el río Ariporo en la ruta Marginal de la Selva, lo que impide la llegada de las tractomulas de Terpel con ACPM y gasolina.
Inicialmente, se habilitaron las plantas de Aguazul en Casanare y Chimitá en Santander para que los dueños de estaciones de servicio pudieran, con sus propios vehículos, transportar el combustible hasta sus establecimientos; asimismo, Invias habilitó a los vehículos con peso bruto vehicular inferior a 25 toneladas, en la vía Paz de Ariporo – La Cabuya, Ruta Nacional 6514, en el PR0+0959, dirigirse al costado izquierdo y pasar por el sector llamado Taislandia, luego dirigirse al sitio conocido como Degredo, para finalmente integrarse a la vía Sácama – La Cabuya en el PR17+0300.
En comunicación con el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, la primera mandataria de los araucanos, fue informada sobre el paso vehicular habilitado para que, con camiones tipo doble troque, se puedan transportar combustible hacia el departamento de Arauca, sin embargo, Barrios Guarnizo, destacó que debe ser Terpel quien transporte los hidrocarburos y para apoyarlos, se sostuvo diálogos con las comunidades indígenas por donde hace tránsito la vía alterna y se obtuvieron acuerdos positivos.
Sin embargo, se hace un llamado a toda la ciudadanía para que hagan uso racional del combustible, deben adquirir el que sea estrictamente necesario.
La prioridad son los hospitales, centros de salud, organismos de socorro y seguridad, empresas de servicios públicos, entre otros. Los alcaldes han trazado estrategias que permiten abastecer combustible de la mejor manera, es imprescindible no abusar en la compra del mismo.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
