ARAUCA
Judicializados cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Arauca
En un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional el Ejército se logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc con presencia en el departamento de Arauca.
Dicho grupo, al mando de Alexander Lozada Ramírez, alias Mono Cuco, concentra sus acciones delictivas en la ciudad de Arauca, donde se le atribuyen homicidios selectivos, extorsiones, labores de inteligencia contra la fuerza pública, compra de elementos de intendencia y actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes.
Yilber Eleuterio Pérez Santana, alias Chiriguare, habría participado como autor material en el homicidio de Willner José Guevara Castillo, hechos ocurridos el pasado 6 de mayo en el barrio Buena Vista de Arauca (Arauca). Fue judicializado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte o tenencia de armas de fuego.
Bernardo Eliecer Contreras Osorio, alias Guaraña, quien el pasado 2 de mayo al parecer lanzó un artefacto explosivo contra un CAI en el municipio de Arauca, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo.
Greyssy Marcela Doria Fernández, alias La Comadre, responderá por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La procesada se encargaría dentro del grupo de la administración de finanzas ilícitas a través del control territorial para la comercialización de sustancias estupefacientes en la capital araucana.
Así mismo, se le imputaron cargos a alias Mono Cuco por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte o tenencia de armas de fuego, y quien se encuentra recluido en establecimiento carcelario desde junio pasado por investigaciones similares.
Los investigados no aceptaron su responsabilidad en los cargos formulados por la Fiscalía y un juez con funciones de control de garantías los envió a la cárcel.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
