META
Firman convenio para pavimentar vía a Rubiales en Puerto Gaitán
Ecopetrol, la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frontera Energy Colombia Corp, Tecpetrol Colombia S.A.S., Cepsa Colombia S.A. y Hocol S.A. firmaron un convenio marco para mejorar las condiciones de la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
Esta alianza contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región y a impulsar su potencial energético, agropecuario y agroindustrial, fundamental para el desarrollo estratégico de la Altillanura.
El mejoramiento del corredor vial, que beneficiará a más de 41 mil habitantes de Puerto Gaitán, se encuentra alineado con los planes de desarrollo municipal y departamental, por lo tanto, este convenio ratifica el compromiso de las entidades públicas y privadas en aportar recursos y capacidades técnicas y de gestión, para dar inicio a la obra.
Para la intervención del corredor vial, que comprende una longitud de 156 km, se iniciará con la pavimentación de hasta 93 km en diferentes tramos con una inversión aproximada de $512 mil millones. El proyecto se ejecutará por fases en la medida en que se cuente con los estudios y diseños finalizados, los permisos y autorizaciones de las empresas competentes y se asegure la disponibilidad de recursos por parte de las entidades.
Ecopetrol y las operadoras privadas aportarán $284 mil millones, la administración municipal $28 mil millones y otros $200 mil millones serán gestionados por la Gobernación del Meta, de los cuales $100 mil millones corresponden a valorización, $38 mil millones mediante el mecanismo de obras por impuestos y otros $62 mil millones que se están gestionando ante entidades del orden nacional.
La ejecución de los trabajos tendrá una veeduría conformada por la institucionalidad municipal y departamental, las empresas aportantes y las comunidades, con lo cual se busca que el proyecto se desarrolle en los plazos establecidos y bajo los requisitos técnicos, administrativos y financieros definidos.
Fuente: Gobernación del Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
