META
Firman convenio para pavimentar vía a Rubiales en Puerto Gaitán
Ecopetrol, la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frontera Energy Colombia Corp, Tecpetrol Colombia S.A.S., Cepsa Colombia S.A. y Hocol S.A. firmaron un convenio marco para mejorar las condiciones de la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.
Esta alianza contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región y a impulsar su potencial energético, agropecuario y agroindustrial, fundamental para el desarrollo estratégico de la Altillanura.
El mejoramiento del corredor vial, que beneficiará a más de 41 mil habitantes de Puerto Gaitán, se encuentra alineado con los planes de desarrollo municipal y departamental, por lo tanto, este convenio ratifica el compromiso de las entidades públicas y privadas en aportar recursos y capacidades técnicas y de gestión, para dar inicio a la obra.
Para la intervención del corredor vial, que comprende una longitud de 156 km, se iniciará con la pavimentación de hasta 93 km en diferentes tramos con una inversión aproximada de $512 mil millones. El proyecto se ejecutará por fases en la medida en que se cuente con los estudios y diseños finalizados, los permisos y autorizaciones de las empresas competentes y se asegure la disponibilidad de recursos por parte de las entidades.
Ecopetrol y las operadoras privadas aportarán $284 mil millones, la administración municipal $28 mil millones y otros $200 mil millones serán gestionados por la Gobernación del Meta, de los cuales $100 mil millones corresponden a valorización, $38 mil millones mediante el mecanismo de obras por impuestos y otros $62 mil millones que se están gestionando ante entidades del orden nacional.
La ejecución de los trabajos tendrá una veeduría conformada por la institucionalidad municipal y departamental, las empresas aportantes y las comunidades, con lo cual se busca que el proyecto se desarrolle en los plazos establecidos y bajo los requisitos técnicos, administrativos y financieros definidos.
Fuente: Gobernación del Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
