El Ministerio de Transporte autorizó a las Concesiones de Iniciativa Privada a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura realizar el incremento faltante, correspondiente al IPC del año 2023, para normalizar el esquema tarifario vigente.

Peajes en las vías que conducen al Llano

En cuando a las tarifas de las estaciones de peaje Boquerón 1, Punto de Control Boquerón 2, Naranjal y Pipiral estas subieron a partir de las 00:00 horas del 1 de enero de 2025.

Peajes Covioriente (corredor Villavicencio – Yopal)

Covioriente, informó a los usuarios el ajuste en las tarifas de las estaciones de peaje existentes en el Corredor Villavicencio – Yopal.

La normativa expedida este 31 de diciembre de 2024 precisa que, tras el congelamiento de las tarifas por medio del Decreto 050 de 2023 y su incremento paulatino durante el 2024, estas se ajustarán nuevamente durante el 2025 para completar el 4,64% restante correspondiente al IPC del 2023, lo cual se realizará en dos momentos: uno el 1 de enero con el 60% del valor pendiente y otro el 1 de abril con el porcentaje remanente.

Teniendo en cuenta el Contrato de Concesión 010 de 2015 a cargo de Covioriente, se ajustarán las tarifas de las tres estaciones de recaudo existentes en el corredor Villavicencio – Yopal de Puente Amarillo en Restrepo, Veracruz en Cumaral y San Pedro en Villanueva.

Peaje Andes, que comunica Bogotá con Boyacá: categoría 1 automóviles, camperos, camionetas, pasará de $11.600 a 11.913 pesos.

Con el fin de restituir los derechos territoriales de la comunidad perteneciente al Resguardo Indígena Barranco Colorado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada.

Actualmente, el territorio está conformado por 22 familias que se ubican principalmente en el municipio de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.468  hectáreas y 9.265 metros cuadrados a favor del pueblo ancestral Jiw, afectado por confinamiento, reclutamiento, desplazamiento y abandono forzoso.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, indicó que el acompañamiento de la entidad tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto armado por cuenta de la presencia de los grupos armados al margen de la ley. Estos han sembrado minas antipersonal y han vulnerado sus derechos a la vida, a la integridad física, al uso y disfrute del territorio; a la libre circulación, a la seguridad alimentaria, y a los recursos naturales.

La demanda, radicada por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Meta, también pretende que los integrantes del pueblo Jiw restablezcan su autonomía y gobierno propio, tal como sus derechos a la propiedad colectiva.

Algunas de las pretensiones de la demanda son: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales, para lo cual se solicitó la entrega material del resguardo, bajo garantías de seguridad. Así mismo, la Unidad solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el saneamiento del territorio, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, tal como la protección a los derechos de la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes.

Finalmente, la Unidad solicitó al juez, ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos victimizantes, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en la demanda.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

Tras avalar los elementos materiales de prueba presentados por un fiscal de la Seccional Caquetá, un juez con función de control de garantías envió a la cárcel a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, y los que se les atribuyen múltiples extorsiones a ganaderos, empresarios y comerciantes de Florencia.

Se trata de Gerley Quijano Gómez, alias El Burro, y Agustín Arias Mundis, alias Tocayo, quienes fueron capturados por uniformados del Gaula del Ejército y Policía Nacional el pasado 24 de diciembre en la vereda Bajo San Gil de la municipalidad.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Cargos que no fueron aceptados.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto actuar criminal de los imputados se concretaba a través de llamadas telefónicas y panfletos en el que exigirían gruesas sumas de dinero a sus víctimas so pena de atentar contra sus vidas, la de sus familias o sus propiedades.

En el operativo les fueron incautados fusiles, municiones de diferentes calibres, chalecos multipropósitos, proveedores y un celular.

Fuente: Fiscalía General de la Nación