META
Extorsión, el delito que más afecta a los habitantes de el Meta
Durante el consejo de seguridad regional que se adelantó en Villanueva, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, recalcó la importancia que tiene la denuncia ciudadanía para combatir el delito de extorsión, que durante el último mes se ha triplicado.
El mandatario aseguró que la seguridad se ha convertido en la mayor preocupación de la gente en el Departamento. Donde el delito que más les preocupa es la extorsión, porque les espanta todos los esfuerzos que hacen en inversión y turismo.
Ofensiva contra extorsión
La ofensiva contra de la extorsión es contundente en el departamento del Meta: bajo la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, más de 300 hombres de los grupos Gaula se dedican exclusivamente a combatir este delito. Según cifras de los grupos Gaula Militar y de Policía, en lo corrido de este año se han recibido 470 denuncias por extorsión y logrado 260 capturas por este delito.
Se destacó el trabajo realizado por el grupo Gaula Ariari Militar, que ejerce operación en los municipios de Granada, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Vista Hermosa, El Castillo, Uribe, La Macarena y en todo el departamento del Guaviare.
Este grupo militar de vital importancia para la tranquilidad en la región del Ariari y sur del Meta, desde que inició labores en el territorio ha efectuado 420 capturas por el delito de extorsión. Además, gracias a la rápida reacción y trabajo articulado de este grupo con el Gaula Policía, se logró el rescate de un ciudadano, quien desde el 18 de agosto había sido secuestrado en la vereda La Argentina del municipio de Mesetas.
Recompensas y capturas
Cabe destacar que en el Meta, se han desarticulado nueve bandas delincuenciales, entre las que se encuentran ‘Los eróticos’, ‘Los DJ, ‘Los Macabi’, ‘Los de la sala’, y asestado golpes contundentes a estructuras de alta influencia como ‘Los Puntilleros’, ‘El Clan del Golfo’ y estructuras GAO-r E39 y ‘Jorge Briceño Suárez’. Este negocio criminal que gira en torno a la extorsión y al secuestro alcanza a manejar cifras de hasta 1.200.000.000 millones de pesos.
Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del Meta, durante el primer semestre del año 2022, realizó el pago de $300.000.000 millones en recompensas por información que permitió la captura y judicialización de delincuentes. Además, cuenta con un fondo de 1.000 millones de pesos para seguir promoviendo la cooperación de los ciudadanos con la Policía y el Ejército.
Fuente: Gobernación del Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
