REGIÓN
Ganadería en áreas de páramo y parques naturales continuará pero con condiciones
Con el fin de contribuir a la lucha contra la deforestación y al desarrollo de un campo legal, competitivo y productivo, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidió una resolución por medio de la cual se modifican algunos apartes de la resolución que establece las medidas encaminadas a la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y bufalinos, dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales del país.
Estas modificaciones se realizaron teniendo en cuenta el resultado de las mesas de trabajo interinstitucionales que se han adelantado en diferentes regiones del país, con la participación de comunidades y organizaciones campesinas, la Procuraduría General de la Nación, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA, las cuales han sido fundamentales en la concertación del plazo para la implementación de las medidas tendientes a la cancelación de Registros Sanitarios de Predios Pecuarios- RSPP en estas áreas protegidas.
- Con esta resolución, el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas estarán dirigidas de manera prioritaria sobre los puntos activos de deforestación al interior de estas áreas.
- Los titulares de predios pecuarios ubicados al interior de los puntos activos de deforestación tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022, para retirar los bovinos y bufalinos de estos puntos activos de deforestación, tiempo durante el cual el Instituto seguirá generando las respectivas Guías Sanitarias de Movilización Interna- GSMI, para la salida de los animales por fuera de estas áreas o a una planta de beneficio autorizada por el INVIMA.
- Las autoridades ambientales continuarán trabajando en la suscripción de los acuerdos de conservación con la población campesina vulnerable al interior de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales, acorde con los lineamientos legales establecidos. Estos le serán comunicados al Instituto, con el propósito de validar la procedencia o no de las actuaciones administrativas tendientes a la cancelación de los RSPP, una vez superado el plazo de implementación establecido (31 diciembre de 2022).
Cabe recalcar que los predios pecuarios que no se encuentren ubicados dentro de los puntos activos de deforestación al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Naturales Regionales en el territorio nacional, serán objeto de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina en los ciclos oficiales establecidos, y no estarán sujetos a la cancelación de los Registros Sanitarios de Predio Pecuario- RSPP.
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
