CASANARE
Alimentación Escolar para estudiantes de Yopal el próximo año quedó en el limbo
Desde la Alcaldía de Yopal se advirtió que una talanquera a los servicios de educación están poniendo algunos concejales de la Comisión de Presupuesto, luego de aplazar el debate de discusión del proyecto de Acuerdo de Vigencias futuras para dentro de un mes.
Para Lida Zaret Gamboa González, secretaria de Educación de Yopal, no hay ninguna explicación técnica o jurídica que motive aplazar esta discusión por un mes, y en cambio, esta decisión de tres concejales generaría retrasos a procesos contractuales que impedirían la prestación de servicios esenciales de la canasta educativa desde el primer día del calendario escolar, como la alimentación escolar para 13.000 estudiantes del área urbana y rural; la vigilancia a las 24 instituciones educativas y el pago del arriendo del Colegio Centro Social.
Un problema legal
Desde la perspectiva legal, esta decisión de los concejales, impediría dar cumplimiento a circulares conjuntas emitidas por Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, específicamente la CARPAE 1 de 22 de octubre de 2021, que ordena a los alcaldes, gestionar de manera oportuna las apropiaciones y reservas de los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE, con el fin de disminuir el ausentismo, la deserción y fomentar los estilos de vida saludables.
“Exhortamos a los concejales a que cumplan su mandato constitucional de trabajar por la comunidad que los eligió y que no sigan afectando a la comunidad educativa, porque su negativa a realizar la discusión en este momento, afectando la planeación que venimos trabajando juiciosamente, para responder a la enorme necesidad que requiere la comunidad educativa”, afirmó la secretaria de Educación de Yopal, Lida Zaret Gamboa González.
Estudiantes indignados
La personera estudiantil del colegio Jorge Eliécer Gaitán Lucía Salazar Bernal, manifestó su preocupación y dijo sentirse indignada porque “13.000 estudiantes están quedando en medio de un conflicto político y vemos que los concejales que votaron por discutir este proyecto en un mes, están jugando con la necesidad de los estudiantes. Es increíble que el Concejo no nos defienda”.
Según la joven líder, muchos de los 13.000 estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar, reciben al día, solamente esa ración de comida. “Ojalá los concejales se pongan la mano en el corazón o que nos expliquen por qué toman esas decisiones que nos afectan directamente”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
