Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 40 años y 10 meses de prisión a Diego Andrés Peña Ramírez, de 26 años, como responsable de la muerte de un comerciante asesinado el 8 de mayo de 2022 en la vereda Aguas Claras de Granada (Meta).

La investigación, coordinada por un fiscal especializado Gaula, evidenció que el sentenciado acabó con la vida de la víctima por negarse a continuar pagando las sumas que le eran exigidas desde marzo de 2022. El procesado fue encontrado responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según la investigación, el crimen fue cometido por Peña Ramírez quien hacía parte de una organización ilegal que delinquía para el Clan del Golfo en San Martín (Meta). La red criminal era comandada por los hermanos Poveda Quintero, alias Juanito, Meneo y Jordi, quienes desde los centros carcelarios donde están recluidos, realizarían llamadas telefónicas amenazantes y ordenarían homicidios de ganaderos, comerciantes y empresarios del alto y bajo Ariari (Meta).

El día de los hechos, la víctima y su esposa se encontraban en un establecimiento comercial de su propiedad al que el condenado entró dos veces a comprar dulces. Luego le disparó en la cabeza al comerciante. Una vez cometido el crimen Peña Ramírez huyó del lugar.

El sentenciado fue capturado por la Policía Nacional el 1 de agosto de 2022 en el municipio de Fuentedeoro (Meta), desde entonces está privado de la libertad por petición de la fiscalía.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

El Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia a favor de una familia víctima de abandono forzado de tierras, integrada por dos hermanos que, desde 1975, vivían en el predio conocido como ‘La Esperanza’, ubicado en la vereda Los Alpes del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.

La historia de esta familia se remonta a la época en que la madre (q.e.p.d.), adquirió la propiedad con la esperanza de cultivar pastos para la ganadería y construir un hogar junto a sus hijos. Con una extensión de cinco hectáreas más 285 metros cuadrados, ‘La Esperanza’ simbolizaba el sueño de una vida tranquila y próspera. Sin embargo, la llegada de la guerrilla de las Farc-EP a la región transformó ese sueño en una pesadilla.

Desde 1988, los habitantes de Los Alpes comenzaron a recibir amenazas por parte de las Farc y eran obligados a asistir a reuniones. En 1992, uno de los hermanos fue secuestrado durante cuatro meses, por negarse a asistir a un encuentro con un guerrillero conocido como alias ‘Chucho’. Durante su cautiverio, fue obligado a cavar su propia tumba, un acto que marcó su vida. A pesar de lograr escapar con la ayuda de uno de sus familiares, el hostigamiento no cesó. La familia enfrentó quince días de terror y presión constante por parte de los insurgentes, quienes exigían información sobre sus actividades.

Ante esta situación insostenible y temiendo por sus vidas, los hermanos decidieron desplazarse y abandonar su finca. Con el tiempo, su predio fue ocupado por otra familia que recibió la adjudicación por parte del antiguo INCORA en 1999, bajo el nombre de ‘La Pirámide’. Sin embargo, los nuevos ocupantes alegaron que la dueña del predio les había vendido la propiedad.

Fue entonces cuando la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio conoció el caso y lo llevó ante la justicia. En su veredicto, el Tribunal no solo reconoció a los hermanos como víctimas de abandono forzado, sino que también determinó que los opositores no habían demostrado buena fe exenta de culpa.

La sentencia ordena la nulidad de la adjudicación realizada por el INCORA y decreta la devolución del predio a sus legítimos dueños. Además, se garantiza que los hermanos tendrán acceso a la oferta institucional del Estado para ayudarles en su proceso de reparación integral. Este fallo devuelve la esperanza a las víctimas del despojo y abandono forzado en el municipio de Mesetas, que cuenta con 573 solicitudes, 60 casos llevados ante la justicia y dos sentencias.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Brikman Orlando Pérez Cárdenas y Óscar Alejandro Rodríguez Cantor, señalados de intimidar los pobladores de la vereda Cristalina, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

La Fiscalía les imputó a los dos hombres, capturados en flagrancia, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Este cargo fue aceptado por los procesados.

De acuerdo con información recibida por el Ejército Nacional en el sector rural de este municipio harían presencia integrantes de la “Segunda Marquetalia”.

Los procesados fueron capturados la madrugada del pasado 5 de octubre en un puesto de control instalado por los militares. Al momento de la detención les fue incautado un fusil, una pistola con su respectiva munición, dos motocicletas de alto cilindraje y 20 millones de pesos en efectivo.

Fuente: Fiscalía General de la Nación