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Disidente de las Farc está involucrado en homicidio de 7 reincorporados y líderes sociales del Meta

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Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentó ante un juez de control de garantías a Edwin Fabián Herrera González, alias Reyes Mechas, uno de los supuestos cabecillas de la comisión Urías Cotiz de la estructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc.

El material de prueba da cuenta de que estaría involucrado en el asesinato de, por lo menos, cuatro reincorporados, dos líderes sociales y un civil, ocurridos en el oriente del país.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a alias Reyes Mechas los delitos de: homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir agravado.

Los eventos ilícitos que se le atribuyen son:

  • Crimen de los reincorporados Juan de Jesús Ayala Monroy, líder de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR); y Luis Alexander Largo Gómez, quien se desempeñaba como escolta en la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurridos el 16 de octubre de 2020, en La Uribe (Meta).
  • Asesinato del reincorporado John Jairo Londoño Bedoya y un civil, el 14 de abril de 2020, en La Uribe (Meta).
  • El doble homicidio de los dirigentes comunitarios Simón Ochoa Gómez y Ramón Montejo Ardila, registrado el 12 de septiembre de 2020, en la vereda Caño Claro, en El Castillo (Meta).
  • Muerte del reincorporado Lenys Pedraza Amaya, perpetrada el 8 de septiembre de 2020, en la vereda Siria Alta, en La Uribe (Meta).

Alias Reyes Mechas permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra por el delito de secuestro. Ahora, por las graves agresiones contra reincorporados y líderes sociales, recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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