META
Juez ordena compensar a mujer desplazada hace 30 años de sus predios en el Meta
Una profesional del derecho que fue intimidada por grupos paramilitares que asediaron a la población de Puerto López, Meta, y que por cuenta de la violencia debió abandonar sus predios, será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras, según lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, al reconocer la condición de víctima de abandono forzado de sus tres predios ubicados en el casco urbano del municipio.
En 1987, la abogada adquirió los lotes que suman 6.145 metros cuadrados y residía en uno de estos inmuebles junto a su familia. La calma en esa población se vio alterada por la presencia de grupos paramilitares que impusieron una especie de toque de queda, porque después de las 7 de la noche nadie podía transitar por las calles de puerto López so pena de ser sacado en camionetas y luego desaparecido por ese grupo ilegal.
A esta situación se sumó el hecho de que la mujer en ejercicio de su profesión denunció que tuvo rencillas con un hermano del reconocido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, lo cual desencadenó en que constantemente era perseguida e intimidada, e incluso en una ocasión el propietario de un restaurante le dijo que debía abandonar el municipio porque su vida corría peligro, razones por las cuales, a mediados de 1992, la mujer no tuvo más remedio que huir hacia otra ciudad
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó la restitución mediante la compensación por equivalencia, es decir, que se le comprará otro predio de similares características a los que abandonó.
Entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que los actuales ocupantes de los predios demostraron la buena fe exenta de culpa, y, por lo tanto, seguirán residiendo en esos predios.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elija, la abogada y su familia, tienen derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.
Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.
Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.
Fuente: Covioriente
Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.
En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.
La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.
El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.
Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.
Fuente: Gobernación del Meta
Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.
Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.
Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.
Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.
Fuente: Gobernación del Meta
