ARAUCA
Unidad para las Víctimas ha brindado atención a más de 1.900 hogares araucanos
La Unidad para las Víctimas ha reforzado la atención, asistencia y los procesos de reparación en el departamento de Arauca en medio de las acciones violentas acontecidas en el primer trimestre del 2022.
En visita al departamento de Arauca, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, reiteró el compromiso institucional con la población afectada por el conflicto armado desde la implementación de la ley 1448.
La Unidad, está analizando los temas de prevención, atención y ayuda humanitaria, en especial tras el atentado en el municipio de Saravena dónde resultaron afectadas más de 246 familias por la activación de un artefacto explosivo. Están entregando hasta dos salarios mínimos como ayuda humanitaria dependiendo del grado de afectación y haciendo todo el acompañamiento.
Adicionalmente explicó que se está haciendo la revisión de todos los planes de contingencia en cada uno de los municipios y còmo ha sido la articulación con los entes territoriales para poder garantizar a la población víctima los componentes de alojamiento y alimentación por desplazamientos masivos y confinamiento.
Cifras en Arauca
Según la Dirección de Registro y Gestión de la información, en la vigencia 2022 se ha recibido un total de 4.738 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, relacionados con hechos ocurridos en el departamento en el primer trimestre del año.
En lo corrido del año, la Unidad para las Víctimas ha incluido 2.772 personas en el Registro Único de Víctimas de acuerdo con las solicitudes valoradas con corte a 31 de marzo: Saravena con 1067 solicitudes, seguido de Tame con 712, Arauquita con 495, Fortul con 397, Arauca, 80; Puerto Rondón 15, y Cravo Norte 6.
El desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor ocurrencia en este departamento con 2.536 personas incluidas, seguido de amenazas con 622 y actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos con 169.
Durante su participación en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, liderado por la gobernación de Arauca, el funcionario dio a conocer el reporte de las acciones y gestiones adelantadas desde los diferentes procesos que desarrolla la entidad con las víctimas de esta zona del país.
Entre otros se destaca que, en lo corrido del 2022, la Unidad para las Víctimas ha colocado 1.983 giros de atención humanitaria a 1.972 hogares víctimas de desplazamiento forzado que manifestaron residir en algún municipio de Arauca, por valor de $1.155.260.000. Mientras, en el mismo periodo ha apoyado 1.542 hogares por un monto de $1.961.070.546.
Fuente: Unidad para las Víctimas
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
