El sector campesino del departamento del Meta ha alcanzado un hito significativo en su desarrollo económico, al registrar ventas superiores a los $11.000 millones entre 2023 y 2025 con el impulso del convenio entre Ecopetrol y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Gracias a esta alianza, las familias campesinas de Acacías, Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio, Cubarral y Puerto Gaitán han logrado diversificar sus mercados y ampliar sus oportunidades de comercialización en distintos canales: plazas y centrales de abastos (60%), supermercados y tiendas especializadas (30%), y restaurantes y casinos (10%).

En el marco del convenio, se han llevado a cabo más de 48 eventos comerciales con la participación de más de 490 familias campesinas.

En 2024 se creó la Cooperativa Multiactiva Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta – RedMeta, la cual ya ha consolidado 16 acuerdos comerciales. Esta iniciativa se viene fortaleciendo bajo un enfoque de economía solidaria, con el acompañamiento técnico de la Unidad Solidaria y la empresa Logyca.

Infraestructura y diversificación de ingresos

El convenio también ha potenciado la infraestructura productiva de las familias mediante la entrega de equipos esenciales para corte, fumigación y agroindustria rural, así como motocargueros con sistema de frío, equipos para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y herramientas para gestión comercial y marketing digital.

Asimismo, se ha impulsado la diversificación de ingresos a través del turismo rural con enfoque regenerativo. En este marco, se han fortalecido 21 atractivos turísticos y se ha capacitado más de 630 actores del sector, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, gobiernos locales y el Clúster Gastroturístico del Meta.

Además, se han realizado 32 capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), innovación y desarrollo de producto gastronómico, fortaleciendo las capacidades del sector agroalimentario en el territorio. En articulación con el Instituto de Cultura del Meta, también se llevaron a cabo seis eventos de promoción de las cocinas tradicionales, exaltando los saberes y sabores locales.

Paralelamente, avanza la conformación de la Red de Restaurantes y Cocineros Aliados de RedMeta, una iniciativa que reconoce, mediante placas distintivas, el compromiso de estos actores con la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

En esta misma línea de fortalecimiento productivo, se adelanta la construcción de las primeras cinco agroindustrias rurales en las líneas de café, frutales, huevos y lácteos, así como el desarrollo y posicionamiento de 14 marcas de productos agroindustriales provenientes de las organizaciones campesinas del Meta.

Fuente: Oficina de Comunicaciones FAO Colombia

En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.

La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.

“Es un despojo imputable al Estado”

El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.

Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.

También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.

“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.

Fuente: Comunicaciones URT